El bloque de derechas se enzarza en una carrera por las rebajas fiscales de los impuestos autonómicos

PP y Ciudadanos prometen bajar impuestos en las comunidades y trasladan el debate a la campaña electoral pese a que estas Administraciones tienen poco margen presupuestario

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JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ

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Madrid 24 MAY 2019 – 06:44 CDT

En las últimas semanas el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado como “sablazo intolerable a las clases medias” la subida del IRPF que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para los que ganen más de 130.000 euros al año. Pablo Casado, el presidente del PP, ha cargado contra la subida de impuestos “de 26.000 millones” que, según él, planea Sánchez, aunque esa cifra sea falsa. Ambos partidos se han lanzado a una carrera por bajar los impuestos autonómicos, aunque estas administraciones tienen limitada su capacidad tributaria, casi no la usan y, cuando lo hacen, apenas obtienen resultados.

Los principales partidos de la derecha avivan estos días el fantasma del expolio fiscal, pese a que España recauda mucho menos que en los países de su entorno. A falta de una semana para las elecciones europeas, autonómicas y locales, PP y Ciudadanos retuercen las cifras para convertir la subida de impuestos comprometida por Sánchez con Bruselas en un armagedón fiscal.

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Para contrarrestar esa idea prometen una rebaja general de los tributos autonómicos. «Por cada euro de IRPF que suba Sánchez, nos comprometemos a bajarlo y compensarlo en los tramos autonómicos [del IRPF]», señaló Rivera durante un mitin en Madrid hace unos días. En esta campaña, Casado también ha prometido una profunda rebaja fiscal en las comunidades donde logre gobernar. Sus candidatos repiten ese mantra a la menor oportunidad.

Lo cierto es que las autonomías tienen limitadas sus capacidades tributarias. Tienen competencias en el 50% del IRPF y tienen asignada la recaudación del 50% del IVA y del 58% de los impuestos especiales. También son responsables de otros impuestos cedidos como el de sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (conocido popularmente como impuesto sobre las hipotecas) y patrimonio.

Las autonomías han legislado de lo lindo para crear tributos propios. En los últimos años han aprobado alrededor de 70 impuestos regionales: sobre el saneamiento y la depuración de aguas, las bolsas de plástico, las bebidas azucaradas, residuos en vertederos, tasas turísticas, sobre las grandes superficies y un largo etcétera que convierte el sistema fiscal autonómico en una madeja compleja, confusa y poco eficaz en términos recaudatorios. Porque los tributos propios recaudan solo el 2,1% de los ingresos fiscales autonómicos.

Competencia entre regiones

Pese a todo, los Ejecutivos regionales aprueban unos 600 cambios legales al año relativos a los impuestos. «Existe cierta teatralidad en algunos de estos cambios normativos, que sirven para el debate en el Parlamento regional, pero el impacto que tienen es muy limitado», explica Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas. En plata: aunque las comunidades tienen suficiente capacidad fiscal, apenas desarrollan su responsabilidad tributaria. Además, tampoco tienen mucho margen: estas Administraciones tienen que sufragar los gastos en educación, sanidad y prestaciones sociales, difíciles de recortar. Y no es fácil que se puedan permitir rebajas fiscales pese a las promesas electorales.

Aun así, algunas comunidades —las más dinámicas— han emprendido una carrera fiscal a la baja. Madrid es líder indiscutible de esa tendencia, que secundan otras autonomías gobernadas por el PP y a la que se han sumado algunas socialistas al empezar a recibir los frutos de la recuperación. En general, los territorios donde el PP ha gobernado más tiempo suelen tener los impuestos más bajos.

En ese contexto, Madrid es una isla fiscal. Es donde más bajo está el IRPF. Tiene el tipo máximo en el 43,5% frente al 48% que Andalucía, Asturias, Cataluña o la Comunidad Valenciana aplican a las rentas que superan los 120.000 euros. Madrid también ha eliminado el impuesto de patrimonio y ha reducido al mínimo el de sucesiones.

Esa competencia fiscal —patrocinada por economistas como Daniel Lacalle, el gurú de Casado, que finalmente ha declinado la posibilidad de ser diputado tras la debacle del PP en las generales— ha despertado suspicacias en otras autonomías porque está provocando el cambio de domicilio fiscal de rentas altas para ahorrar impuestos. Un destacado empresario del Ibex 35 reconocía hace poco a EL PAÍS que se ahorraba más de 1,5 millones de euros en impuestos por trasladar su residencia a Madrid. Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos ciudadanos se han sumado a este éxodo fiscal, un estudio publicado por Fedea concluye que Madrid es el principal destino de estas migraciones. [Cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera de la Junta de Andalucía tildaba a Madrid de «paraíso fiscal» por practicar «dumping fiscal» (traducción bíblica: competencia tributaria desleal). Otros consejeros de Hacienda también se quejan de esas prácticas y reclaman una reforma fiscal autonómica: piden fijar unos mínimos de tributación en los impuestos más importantes para que no existan esas divergencias.

LA EMBESTIDA CONTRA EL IMPUESTO DE SUCESIONES AUTONÓMICO

El impuesto sobre sucesiones, conocido popularmente por el impuesto sobre las herencias, se ha convertido en los últimos años en una de las figuras tributarias más controvertidas en la arena política. Los partidos conservadores y liberales (PP y Cs) han lanzado un duro ataque contra este tributo regional. Estos partidos publicitan en sus anuncios electorales que rebajarán ese impuesto, y han alentado el miedo a posibles subidas si gobierna la izquierda.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o Bruselas recomiendan a España que no elimine este impuesto —uno de los más redistributivos— e incluso que haga tributar más a los grandes patrimonios.

Dirigentes populares y de la formación de Albert Rivera han aireado supuestos casos de contribuyentes que tenían que endeudarse para pagar el impuesto o casi tenían que rechazar la herencia que recibían porque no podían pagarlo.

«El impuesto de sucesiones es injusto y absurdo. Un paradigma y un ejemplo: un chico de 10 años, Antonio, está arruinado por el impuesto de sucesiones. Un niño de 10 años tiene una hipoteca de 60.000 euros por un impuesto injusto, por lo que hereda del esfuerzo de su padre. Vamos a suprimir este impuesto que penaliza a las clases medias», soltó Rivera, líder de Cs, en el debate electoral del pasado abril. Pablo Casado, del PP, respondió que también suprimirá el impuesto, por el que las comunidades ingresan 2.458 millones al año.

En realidad, esta figura está bonificada en casi todos los territorios para herencias entre padres e hijos. En Andalucía, donde más polémica ha suscitado este gravamen, no hay que pagar por el primer millón de euros que se herede.

En la mayoría de las comunidades «solo hay que pagar importes simbólicos» para herencias de sucesores del grupo I (entre padres e hijos), según el Consejo General de Economistas.

Una de las críticas a este impuesto —que tienen casi todos los países europeos— es que supone doble tributación. Sus detractores sostienen que tienen que tributar por algo por lo que ya se pagó en vida. Ese argumento no es exacto. En primer lugar, el sistema fiscal trata a cada contribuyente de forma individual, con independencia de sus relaciones familiares, por lo que debe tributar por el aumento de patrimonio del que se ha beneficiado sin ningún esfuerzo. Por otra parte, el impuesto en realidad grava una transferencia de riqueza entre ciudadanos. Y por último, se trata de una de las figuras que más redistribuyen riqueza, con España entre los países más desiguales de la UE.

La ministra de Hacienda ve «urgente» abrir un debate sobre la financiación autonómica para actualizar algunos gravámenes y valorar la «armonización» de tributos regionales

Otros3ConéctateEnviar por correoImprimirEPSantander 1 JUL 2019 – 09:39 CDT

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha defendido este lunes en Santander la necesidad de «corregir» y «revisar» algunos impuestos, como el de Sociedades, Sucesiones, Donaciones o plusvalías municipales, ya que, a su juicio, la fiscalidad tradicional «cada vez se adapta menos» a las actividades económicas actuales y a los «retos» del mundo globalizado.

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Como ejemplo, Montero considera que un «elemento a corregir» son los beneficios y exenciones del impuesto de Sociedades porque la capacidad de aportación de las grandes fortunas está siendo inferior a la de la pequeña y mediana empresa y «no responde ya a cómo la economía se mueve en el mundo y hay muchas áreas que no están bien reflejadas».

Así lo ha dicho la ministra durante su intervención en la inauguración del curso ‘Imposición sobre la riqueza’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), al que han asistido varios economistas y juristas con el objetivo de debatir sobre cómo se debe gravar y distribuir la riqueza adaptándose a los nuevos nichos de mercado, actividades económicas y retos globales como el cambio climático.

En concreto, Montero ha invitado a debatir sobre si figuras como el impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones o el de plusvalías municipales tienen una regulación correcta, ya que «se discute su razón de ser» y, en el caso del de Sucesiones, entre la ciudadanía «parece que no tiene sentido». Por ello, ha indicado que cuando un impuesto se «deslegitima» puede que haya que subsumirlo en otras figuras fiscales para presentarlo de nuevo como «un tema justo».

Además, ha dicho que «la mayoría» de estos impuestos «deslegitimados» están transferidos a comunidades autónomas o entidades locales. Ha aludido a que la fiscalidad de las comunidades autónomas está «permanentemente en discusión» y ha opinado que entre los distintos territorios se está «propiciando una competencia desleal a la baja».

Montero ha explicado que la corresponsabilidad fiscal viene obligada por el modelo territorial del país y ha lamentado que, «desgraciadamente», dicho ejercicio de corresponsabilidad «no siempre se ha traducido en un incremento de la capacidad recaudatoria», sino que se ha utilizado como instrumento electoral y «cebo» para que los ciudadanos se inclinen por una determinada formación política.

Por ello, ha instado a «actualizar» esas figuras fiscales en el próximo debate de financiación autonómica, «que tiene que ser ya y que es urgente», y en el que tiene que haber un «consenso» y ver «si merece la pena trabajar en una política de armonización».

«Ser vanguardista»

Por otro lado, ha insistido en que España tiene que «liderar» y «ser vanguardia» en los debates internacionales de temática fiscal y por ello ya ha propuesto medidas con vocación europeísta.

En este sentido, ha dicho que Europa tiene que tener una fiscalidad «armonizada» y para abordar asuntos como el cambio climático, analizando de forma «globalizada» qué energías incentivar, qué comportamientos industriales desarrollar y qué conductas conducir de los ciudadanos para mejorar el planeta y la salud.

A este respecto, ha recordado el caso de EEUU, donde los millonarios «estaban reclamando una mayor capacidad de aportación a la fiscalidad del país porque creían que era de justicia social poner un impuesto a las grandes fortunas», en un país «que ha sido siempre peculiar en esta materia y no ha hecho del estado de bienestar una seña de identidad», ha dicho.

Por ello, opina que en España se debe generar mayor confianza en las instituciones y hacer de la justicia fiscal «una bandera», hablando de redistribución de la riqueza ligada a poner «en primer plano» la lucha contra las desigualdades y a permitir una estabilidad política y social.

Pedagogía fiscal

En este sentido, ha defendido la necesidad de llevar a cabo una «pedagogía fiscal» para que los ciudadanos vean «sentido» y «utilidad» a los impuestos e «identifiquen» los servicios públicos que reciben con la contribución que realizan.

De esta forma, ha lamentado que «parece que la fiscalidad a la baja es lo que está de moda» y ha defendido que «no hay progreso posible si no hay justicia social», por lo que confía en lograr un consenso para dar con la «fórmula mágica» que indique cuánto es «lo justo» que los ciudadanos aporten para «conseguir los servicios justos».

La ministra ha hecho hincapié en que no comparte el «dogma» de que el dinero de los contribuyentes «donde mejor está es en los bolsillos», para ella «un mantra» que se repite de forma «machacona» en las campañas electorales. «Nunca se ha demostrado que una bajada de la contribución se traduzca en un estímulo económico o en una mayor capacidad recaudatoria», ha sentenciado.

Por ello, ha defendido que los impuestos son la base del estado social y el instrumento «imprescindible» para los partidos progresistas que aspiran a que los ciudadanos sean iguales con independencia de su nivel de renta o lugar de origen, por lo que deben saber que aquello que pagan a lo largo de todo el año «al final repercute». «No creo que haya esa sensación y tendremos que trabajar en hacerla visible», ha dicho tras detallar que cada ciudadano recibe unos 4.174 euros de promedio al año mediante los servicios que utiliza.

En este sentido, ha considerado que si la mayor parte de recaudación se obtiene de la clase media, ésta debe ver cumplidas exigencias en los servicios públicos, y para ello hay que «revitalizarlos» y «ampliar la oferta de prestaciones».

Por último, ha advertido que «un país que renuncia a esta tarea de analizar y redistribuir la riqueza y la justicia fiscal, es un país que va a ahondar en las fracturas sociales, las brechas intergeneracionales y la insolidaridad».

Además, ha apuntado que la tributación de la riqueza en España solo representa el 0,32% de los ingresos públicos y que la distribución de la riqueza es «más desigual que la distribución personal de la renta», ya que el 10% de la población más rica acumula el 50-60% de la riqueza, y la mitad más pobre solo el 5 o el 10%, según ha indicado.

Los Veintiocho discuten cómo proteger la «dimensión social», que admiten que ha quedado «subordidada» a otras áreas económicas

Otros1ConéctateEnviar por correoImprimirLLUÍS PELLICER

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Bruselas 7 JUL 2019 – 11:09 CDT

Tras años de sobredosis de austeridad, Bruselas quiere pasar página. La lucha contra la crisis climática y la economía del bienestar deben tomar el relevo a los recortes y las reformas, que fueron el hilo conductor del relato europeo tras la Gran Recesión. La UE constata, sin embargo, que “en ocasiones, la dimensión social todavía parece estar algo subordinada a otras áreas políticas” comunitarias, según dos documentos que se someterán este lunes a discusión en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales. En esas notas, la presidencia finlandesa plantea la búsqueda de fórmulas para que los mecanismos de vigilancia fiscal y financiera de los países tengan más en cuenta que hasta ahora la necesidad de mantener el bienestar de los europeos.

Bruselas pasa revista periódicamente a la salud macroeconómica y a las finanzas públicas de sus socios. Y en caso de apartarse de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, les pide medidas correctoras. Los informes de la Comisión incluyen un examen a los principales indicadores sociales de cada país, pero estos acaban sepultados por los ajustes exigidos. Los documentos remitidos a todas las delegaciones, a los que ha tenido acceso este diario, juzgan cruciales las políticas sociales, si bien admiten que ese gasto se ve aparcado en los Presupuestos sobre todo en épocas de recesión, lo cual puede desencadenar «efectos secundarios negativos» y dañar las bases de la economía. “La razón de ser la UE es asegurar el respeto por la dignidad humana y promover el bienestar de ciudadanos”, sentencia.

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La Comisión Europea busca desde hace dos años dar un giro socioliberal a su agenda. Después de que Grecia haya quedado liberada de los rescates y España haya salido del brazo correctivo de la UE, Bruselas ha declarado el fin de la austeridad. La Comisión trata de manejar con mayor sutileza los últimos deslices de Grecia, los pulsos de Italia o los incrementos de gasto de Francia, España o Bélgica para enderezar las desigualdades internas que crecieron tras la Recesión. Pero esa agenda, la de la disciplina fiscal, todavía existe. Y de hecho, copará la mayor parte de las discusiones de este lunes en el Eurogrupo

En el mismo edificio y el mismo día, los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales empezarán a buscar fórmulas para vincular la política fiscal a la social. Basándose en un estudio de la OCDE que acompaña los dos documentos de trabajo, la presidencia de la UE detecta cuatro áreas clave que apoyan esa “economía del bienestar” que reivindica Europa: la educación, la sanidad, la igualdad de género y la lucha contra la desigualdad dentro de los Estados miembros. Uno de los documentos que se discutirán señala este último como “uno de los mayores retos que afronta la UE” y juzga necesarios poner en marcha los engranajes que permiten la “movilidad social” para promover la convergencia social y económica que requiere el continente.

Una inversión para reducir el gasto público

El documento recuerda, además, que el bienestar de los ciudadanos no solo es un valor en sí mismo, sino que es un motor para el crecimiento económico y para la sostenibilidad de las finanzas públicas. De este modo, señala que la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades y la lucha contra la exclusión social son “aspectos cruciales” para reducir el gasto público en el futuro, incrementar la productividad y extender la vida laboral de los europeos. Y plantea otra cuestión: si bien Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador que permite tomar una fotografía sobre la salud de una economía en un momento determinado, no permite hacerse una composición sobre el bienestar de la población. Por ello, reclaman recurrir a más parámetros.

El trabajo adjunto de la OCDE aporta varias recomendaciones en esos cuatro ámbitos clave para mejorar las políticas de los países miembros. En el ámbito de la educación, pide ampliar el acceso a la educación de calidad a todos los segmentos de la población, dar más autonomía a centros educativos o rebajar la proporción de alumnos por maestro; en el de salud, reclamana poner más atención en los trastornos mentales y asegurar el acceso universal a la sanidad; en el de la lucha contra la desigualdad, procurar que los sistemas de protección social sean más inclusivos y los sistemas fiscales más progresivos, y en el de la igualdad de género, medidas de conciliación laboral y también contra la violencia machista.

Con esa agenda clara, los ministros deben hallar ahora respuesta a una de las preguntas que les formula presidencia finlandesa: ¿Cómo fortalecer el vínculo entre la política económica y las políticas de bienestar en el proceso de toma de decisiones de la UE?

El joven mandatario Carlos Alvarado ajusta su gabinete para responder a protestas gremiales, una oposición conservadora, aprietos fiscales y un desempleo alto

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ÁLVARO MURILLOSan José (Costa Rica) 12 AGO 2019 – 11:40 CDT

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• Carlos Alvarado, el presidente atrevido de Costa Rica
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El Gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica alcanza el primer tercio de su mandato presidencial sumido en un remolino de impopularidad, conflictos y desempleo. El presidente más joven de la historia moderna de este estable país centroamericano ha perdido en el último mes tres importantes piezas de su gabinete, un miembro de su pequeña fuerza legislativa y hasta la serenidad que le caracterizaba cuando llegó al poder, en mayo del 2018. Una de sus imágenes más difundidas en semanas recientes es la del momento en que se enfureció y golpeó el podio durante un discurso en Nicoya (Pacífico Norte) mientras un grupo de sindicalistas le gritaba que se fuera del poder.

“Gobierno débil” es casi un lugar común entre analistas políticos en tiempos recientes. Lo caracterizan así por la tendencia política de las últimas dos décadas, pero también por las circunstancias que rodean al mandatario de discurso progresista que debió formar gobierno con figuras de distintos partidos para intentar compensar la exigüidad de la bancada oficialista, que ocupa solo el 17% de los escaños. Eran 10 diputados y ahora serán solo nueve, pues el jefe de la bancada deja congelado su escaño para ir al Ejecutivo para funcionar como ministro de la Presidencia. Sustituye al excandidato conservador Rodolfo Piza, quien se había integrado al gabinete inicial como una señal de diversidad en “gobierno de unidad”, pero que falló como escudero de Alvarado y como enlace con fuerzas opositoras o con gremios que se suman poco a poco a los reproches contra el Ejecutivo.

Sindicatos del sector salud mantienen una huelga desde hace una semana y trastornaron el 27% de los servicios del amplio sistema sanitario costarricense, según las autoridades. También la mayor asociación de maestros decidió apoyarlos y anunciaron que vuelven a las calles, como lo hicieron en 2018 al realizar el movimiento más prolongado en el último siglo. Dicen que defienden las instituciones estatales ante los afanes privatizadores, pero también los beneficios salariales que se limitan con las políticas fiscales que impulsa el Ejecutivo.

No es que Carlos Alvarado haya caído en la popularidad; es que ni siquiera gozó la “luna de miel” que suelen tener los presidentes en su prólogo. Su triunfo en segunda ronda contra el predicador evangélico Fabricio Alvarado, en abril de 2018, no se tradujo en apoyo popular a su Gobierno. Al cumplir su primer año en el mando, en abril, las opciones negativas duplicaban a las positivas en una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR), aunque la élite empresarial apoyaba el impulso a la reforma fiscal. Para ese momento los gremios de trabajadores públicos le cobraban la aprobación de normas que limitan el crecimiento de sus beneficios salariales, y algunos sectores privados fustigaban la aplicación de un nuevo esquema de impuestos.

Ahora la factura la paga Alvarado, señaló Ilka Treminio, politóloga directora de la sede en San José de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (Flacso). “La votación del 2018 dejó a Alvarado frente a un callejón sin salida y él entendió que debía formar un gobierno con formato de coalición. Después el presidente decidió entregar la materia económica a la contraparte de la coalición, la cual ha recibido los beneficios al ver desarrollada su agenda económica, mientras el desgaste por el costo social lo recibe el partido de gobierno (Acción Ciudadana, centroizquierda)”.

Las finanzas públicas siguen en números rojos y la reforma fiscal aprobada en diciembre no logró que Costa Rica alcanzara un perfil crediticio suficiente para reanimar la economía y satisfacer la demanda de empleo. El Banco Central en julio revisó a la baja la proyección de crecimiento del PIB para este 2019, a un 2,2%, la menor desde la crisis de 2008-2009, aunque supera al promedio latinoamericano. Mientras, el Instituto Nacional de Estadísticas muestra que la tasa de desempleo alcanza también los mayores márgenes en 10 años; ahora está en 11,9%, pero crece a 15% si se trata de mujeres y también es mayor en la periferia del país.

Grupos empresariales y políticos de oposición no se cansan de exigir al Gobierno medidas que reactiven pronto la economía, sobre todo en los sectores de agricultura, construcción, manufactura y comercio, que son los más golpeados y los que podrían dar empleo a trabajadores de baja calificación. El Gobierno responde que hace lo que puede en medio de la estrechez fiscal, de un contexto internacional adverso (con especial impacto de la crisis en Nicaragua) y las condiciones de una economía interna que depende más de los actores privados que de los decretos del presidente. Hay poca confianza para invertir y consumir, reconoció el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, a pesar de medidas adoptadas para abaratar el crédito. “Uno puede llevar el caballo al río, pero no puede obligarlo a beber”, dijo para ejemplificar la imposibilidad de mover las voluntades del sector privado.

Las dificultades se alojan sobre todos en zonas periféricas del país que coinciden con las áreas donde menos apoyo tuvo Carlos Alvarado en las elecciones, donde más reproches hay contra el Estado y donde se han multiplicado en los últimos años las iglesias evangélicas neopentecostales sobre las que se basan nuevas fuerzas políticas conservadoras. En esas zonas se suele ver al mandatario como un joven aburguesado, o “un chavalo fresa”, como dijo un vendedor de pescado en Puntarenas, en el Pacífico, donde también hay fuerte presencia de nuevas congregaciones religiosas. El excandidato Fabricio Alvarado lidera uno de los partidos confesionales y forma parte de una intensa oposición que se une a las fuerzas católicas contra iniciativas progresistas, como la promesa de Alvarado de firmar una norma que permitiría realizar abortos cuando está en peligro la salud de la madre.

Las fuerzas de origen religioso se han mezclado parcialmente a las protestas sindicales y lograron tumbar en este mes al ministro de Educación, Édgar Mora. Este era un nombre cercano al presidente, pero se había declarado ateo y promovía políticas educativas más inclinadas a los derechos humanos y la inclusividad que al cristianismo tradicional en este país de religión oficial católica. Sigue viva la disputa entre progresistas y conservadores que detonó en la campaña electoral, lo que coloca al mandatario Alvarado en el dilema de cumplir su discurso aceptable para las ciudades o complacer las demandas de sesgo cristiano que se concentran en las periferias.

El malestar popular ha dado pie a algunas críticas desbocadas y a llamados a la armas, como hizo un grupo de menos de 10 hombres mediante un vídeo que circuló en las redes sociales. El material llegó a manos de la Policía y detuvo a tres hombres que ahora cumplen prisión preventiva mientras esperan cargos por el delito de motín. La noticia no dejó de provocar inquietud en un país conocido en el continente por sus formas pacíficas y la estabilidad de su sistema democrático.

Pese a todo, Alvarado intenta mantener la calma y llamar a bajar las tensiones, pero ciertos momentos pueden ser abrumadores. Fue lo que le ocurrió el 25 de julio en un acto en el poblado Nicoya al que llegaron grupos sindicales de profesores a repudiar al mandatario y gritarle durante su discurso. Este fue alzando la voz hasta que acabó vociferando como nunca antes palabras de confrontación: “a esos que nos detienen, no nos vamos a dejar”. Algunos le aplaudieron el coraje de ese día y otros le criticaron el exabrupto. Días después dijo que eso no se repetirá, aunque momentos apremiantes como eso tampoco le van a faltar.

Las grandes recesiones no tienen la buena costumbre de avisar con tiempo, por eso son letales

Otros24ConéctateEnviar por correoImprimirXAVIER VIDAL-FOLCH22 AGO 2019 – 02:52 CDT

Resulta chocante. Con su economía creciendo al ritmo del 2,% anual y el desempleo en el 3,7% de la población activa, en EE UU se discute de si el país está a las puertas de una recesión.

En realidad, no es tan sorprendente. Las grandes recesiones no tienen la buena costumbre de avisar con tiempo, por eso son letales. Y si lo hacen, casi nadie se entera: la de 2007/2008 fue profetizada por muy pocos economistas, de distinto perfil, como Nouriel Roubini o Paul de Grauwe.

Y es que siempre hay desequilibrios aptos para una crisis, pero suele faltar un desencadenante, un multiplicador que la acelere y despierte al personal del sueño confortable al que le condena la bonanza.

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En el caso de EE UU, la Fed —atención este jueves a Jackson Hole— apuntó en sordina en su última reunión a las guerras comerciales de Donald Trump para justificar su decisión de rebajar tipos.
Es probable que tenga razón Trump cuando asegura que “estamos muy lejos de una recesión”. Pero seguro que él contribuirá a que la actual desaceleración empeore.

El FMI pronosticaba en enero que el PIB norteamericano crecería un 3,8% este año; el mes pasado lo rebajó al 3,2%. Goldman Sachs rebaja su augurio para el último trimestre desde el 2% al 1,8%.
No son cifras fatales, pero sí mucho peores que sus promesas de crecer al 4% o 5% cuando explicaba su rebaja fiscal: el crecimiento registrado ha sido en buena parte deglutido en su pulso con China.

Trump niega la recesión, pero —paradoja— ya prepara estímulos a su economía. O sea, otras rebajas fiscales, como se le ocurre siempre al populismo derechista… y que suelen redundar en grandes déficits, como demostró el inefable Ronald Reagan. A grandes males, grandes remedios.

El recorte fiscal beneficiaría como es costumbre a los más ricos (impuesto a la compra de acciones) y se acompañaría del recorte de gastos en la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo.

En el caso de Europa, los grandes remedios se avizoran menos ideológicos. Uno será la activación en Alemania de un paquete de política fiscal para invertir 50.000 millones de euros, si el ministro socialdemócrata de Hacienda Olaf Scholz se sale con la suya… ayudado por la presión de los empresarios en favor de más gasto público. Y por el miedo a la recesión pronosticada el lunes por el Bundesbank para este tercer trimestre.

Otro remedio es el paquete expansivo de política monetaria previsto por el BCE para septiembre. El dato de la baja inflación de julio (1%, contra el 2,2% en julio de 2018) da alas a las medidas de estímulo.

Algunos piden más. Hasta el helicóptero monetario de Milton Friedman y Ben Bernanke (imprimir dinero y lanzarlo a los consumidores): lo escribe Jean Boivin, alto directivo del monstruo mundial inversor, Blackrock (FT del martes).

“Poner la directa” es su lema. O sea, “colocar dinero más directamente en las manos de las entidades que pueden emplearlo, consumidores incluidos”. En las suyas, claro, pero también en las nuestras.

Con la recaudación más baja de la OCDE, crecen las voces que urgen al Gobierno a aprobar una reforma tributaria. López Obrador mantiene, en cambio, su promesa de esperar hasta el ecuador del mandato

Otros16ConéctateEnviar por correoImprimirIGNACIO FARIZA

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México 1 SEP 2019 – 08:17 CDT

Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México hace nueve meses con una cuádruple promesa económica: ampliar y redefinir los programas sociales en un país en el que la pobreza afecta a cuatro de cada 10 personas —“primero los pobres”—, abatir la corrupción, invertir en un puñado de proyectos de infraestructura (tren maya, refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía) y no subir los impuestos hasta, al menos, el ecuador del sexenio. Tras un primer año marcado por la austeridad, sin embargo, los números empiezan a no cuadrar: la economía se ha frenado —y, con ella, la recaudación del fisco— y el Presupuesto de 2020 no contendrá alzas fiscales de calado, salvo, quizá, una tasa sobre las actividades digitales. Para sostener la ambiciosa agenda social del nuevo Gobierno, México tiene que ingresar más. Cuanto antes.

El margen es cada vez más estrecho. Un lustro después de la última reforma fiscal, aún en tiempos de Enrique Peña Nieto —“relativamente exitosa, pero que se quedó corta en algunos aspectos y no eliminó muchos privilegios fiscales que hoy siguen existiendo”, en palabras de Hugo Beteta, jefe de la Cepal en México—, el impulso recaudatorio inicial se ha diluido. Y a unos ingresos estancados y, aún peor, desacoplados del resto de América Latina —donde, aunque moderadamente, la recaudación ha subido— se suma una coyuntura cuando menos desafiante.

México sorteó la recesión in extremis en la primera mitad del año, un periodo en el que la inversión tocó su mínimo en casi cinco años y la creación de empleo siguió desacelerándose. Un cóctel de difícil digestión en el que ni la retórica y ni las primeras decisiones del Ejecutivo han ayudado: la cancelación, incluso antes de enfundarse la banda presidencial, del nuevo aeropuerto de la capital y su sustitución por un proyecto, el de Santa Lucía, que rezuma dudas; la salida de su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aireando severas discrepancias; la indefinición de la política energética.

Los ingresos públicos, estructuralmente débiles, tienen varios lastres históricos: un mercado laboral con más de la mitad de los trabajadores en la informalidad y con uno de los salarios medios más bajos de América Latina, y una evasión que, pese a los esfuerzos, sigue cabalgando a niveles incompatibles con la construcción de un Estado de bienestar. Con la recaudación en el entorno del 14% del PIB, diez puntos por debajo de la media de la OCDE —lejos incluso de Chile y Turquía, los otros dos emergentes del club—, muchos esperaban que con la llegada de López Obrador al poder se produciría un viraje en la senda tributaria. De momento, agua.

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• La OCDE recomienda a México la creación de un impuesto sobre las herencias
• El frenazo económico lleva al Banco de México a reducir la tasa de interés por primera vez en cinco años

La austeridad a ultranza se acerca a su límite: tras cortar grasa y gastos superfluos, las tijeras han llegado al músculo, afectando a sectores tan sensibles para el futuro como la salud o la investigación o promoción del comercio. Y con los tambores de la recesión redoblando en medio mundo, el gran debe es reforzar las entradas de caja cobra aún más importancia. La teoría de los ciclos —y estamos en el periodo de crecimiento más largo de la historia de EE UU— amenaza con imponer pronto su ley. La pregunta empieza a no ser tanto si viene una sacudida, sino cuándo llegará: China sufre los rigores de la guerra comercial; el catarro de la industria automovilística acecha a Alemania; en el principal socio comercial mexicano y casi único origen de las remesas, Donald Trump batalla contra la Reserva Federal para que rebaje los tipos. Y una verdad tan irrefutable como la teoría de los ciclos: cuando la macro no acompaña, el erario lo pasa mal: el Presupuesto de 2019, como recuerda Luis Foncerrada, director de la Universidad Anáhuac Mayab, se hizo con una previsión de crecimiento de entre el 1,5% y el 2,5% y la expansión va a quedar finalmente en la mitad. Menos ingresos, menos margen de maniobra para el Ejecutivo.

“Si la recaudación sigue siendo igual de baja será muy difícil invertir en salud, educación o desarrollo”, constata Carlos Serrano, economista jefe de BBVA, que ve “urgente” la puesta en marcha de una “reforma fiscal importante” a riesgo de que el país pierda el grado de inversión. “El momento es ahora y no a mitad del sexenio: el humor social todavía es bueno, el Gobierno tiene fuerza y puede convencer a la ciudadanía de que, aunque vaya a pagar más impuestos, también va a recibir mejores servicios”, abunda Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Pensar en una reforma tributaria es, en primera instancia, pensar en nuevos ingresos. Y en México, salvo en el impuesto sobre la renta, que recuerda Fausto Hernández, del ITESM, no dista mucho del resto de países industrializados, ese es un campo de enorme recorrido. Solo eliminando la tasa cero del IVA sobre alimentos y retirando las tasas reducidas sobre las medicinas se ingresaría algo más de un punto porcentual del PIB, según los cálculos del CIEP. Sendos impuestos sobre la riqueza y las herencias, como pide uno de los grandes popes de la economía del desarrollo, Branko Milanovic y hasta la ortodoxa OCDE, sumaría otras décimas y ayudaría a suturar una brecha, la de la desigualdad, que parte México en dos desde tiempos inmemoriales. “Ambos son fundamentales. También una tasa sobre las transacciones financieras”, completa Carlos Tello, exdirector del Banco de México y exministro de Programación y Presupuesto. Un dato: los impuestos al capital —propiedad inmobiliaria, riqueza y herencias— recaudan en México el 0,3% del PIB, frente al 4,2% de EE UU y el 1,9% del promedio de la OCDE.

El otro gran agujero está en los Estados y municipios. Mientras la recaudación federal es equiparable a la de economías avanzadas como EE UU o Alemania (ambas, eso sí, muy descentralizadas), estos “apenas se esfuerzan en ingresar por sí mismos y dependen en gran medida de las transferencias del Ejecutivo central”, subraya Carlos Petersen, de Eurasia, que pide cambios en el pacto fiscal para “obligarles a cobrar más”.

La ralentización económica y el incremento del gasto en pensiones, que no dejarán de crecer hasta 2030, meten prisa. Otro dato: los ingresos del sector público caen casi un 3% en lo que va de año, según los últimos datos de Hacienda, arrastrados a la baja por la menor recaudación por IVA (casi 2% a la baja, en parte por una rebaja en la frontera norte que compensa los efectos del muy necesario aumento del salario mínimo, pero que adelgaza aún más el erario) y, sobre todo, por el desplome de doble dígito de la renta petrolera. “A este paso, los tiempos van a acabar ganándole al Gobierno”, subraya Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la UNAM, que critica el “conservadurismo fiscal” de López Obrador. “Si no cambia de rumbo, México no tiene suficiente capacidad para hacer políticas contracíclicas”. El amplísimo margen en política monetaria, con los tipos de interés aún en el 8%, contrasta con una estrechez fiscal parcialmente autoimpuesta, constreñida por la negativa a hacer una reforma fiscal.

Las voces que subrayan el imperativo que supone la aprobación de cambios de calado en la política recaudatoria del Ejecutivo, han crecido incluso en el seno del partido de Gobierno (Morena) y de la Administración, donde algunos altos funcionarios reconocen en privado desde hace semanas que ese es el único camino posible: o se ingresa más pronto o no habrá dinero para sufragar los ambiciosos programas sociales que necesita México, sobre todo en el sur. En un extraño consenso que reúne desde hace tiempo al triunvirato formado por FMI, OCDE y Cepal, los organismos internacionales también se han puesto de acuerdo en la necesidad imperiosa de aumentar su músculo recaudatorio. Solo falta el presidente.

La Comisión Europea fija las líneas maestras del próximo lustro, como un reaseguro de desempleo comunitario, la fiscalidad ‘verde’ o las condiciones para un salario mínimo digno

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LLUÍS PELLICER

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Corresponsal en BruselasBruselas 14 OCT 2019 – 15:21 CDT

Europa acusa los efectos de las guerras comerciales, las crisis en los países emergentes o la posibilidad de un Brexit desordenado. A la espera de recibir luz verde de la Eurocámara, el próximo ejecutivo de Ursula von der Leyen deberá continuar con las grandes reformas de la zona euro en plena desaceleración económica. En la agenda conviven retos que Bruselas arrastra desde la última crisis —la reforma del euro y la Unión Bancaria— y otros tan ambiciosos como poco digeribles para algunos socios, como un reaseguro de desempleo comunitario, la fiscalidad ‘verde’ o las condiciones para un salario mínimo digno.

Ya no son solo dudas o peligros. También son certezas. La economía europea sigue deteriorándose al acusar las guerras comerciales, las crisis de países emergentes y la inestabilidad política en el seno de la UE. La velocidad con la que se adentre (o salga) de esa senda dependerá de los riesgos que aún no se han despejado: un Brexit caótico, la amenaza de nuevos aranceles o la capacidad escurridiza de los negocios digitales. A esos desafíos quiere responder la futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con una agenda “geopolítica”. Los comisarios que han pasado por ahora el filtro de la Eurocámara han fijado las líneas maestras del próximo lustro: retos inmediatos para los que se han dado 100 días, viejas aspiraciones que tal vez cuesten toda la legislatura y reformas pendientes que siguen escurriéndose por la brecha de la división entre Norte y Sur.

Estabilización fiscal

Tras pactar un presupuesto para la zona euro que incorpora mecanismos anticíclicos, pero a años luz de las expectativas iniciales, la Comisión Europea se propone impulsar un reaseguro de desempleo comunitario. Shahin Vallée, exasesor económico del expresidente del Consejo Europeo Herman van Rompuy y de Emmanuel Macron en su etapa de ministro, considera que, si bien la UE debe “restablecer el debate intelectual” para elevar el nivel de ambición, a corto plazo la Comisión debe crear instrumentos que aporten sostenibilidad al euro, entre ellos el reaseguro de desempleo y llevar más allá la reforma del Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede).

El próximo titular de Economía, Paolo Gentiloni, explicó durante su audiencia en la Eurocámara que ese seguro de paro podría articularse con préstamos o liquidez —a su juicio, la vía “más fácil”— o a través de un sistema de apoyo a los presupuestos nacionales que se activaría rápidamente en caso de shocks externos. “Lo que no debería ser es una herramienta para transferencias permanentes de país a país”, añadió. Sin embargo, los mecanismos de estabilización se topan con la resistencia de Estados del norte. “También sabemos que debemos afrontar las divisiones políticas entre países miembros”, admitió.

Unión Bancaria

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Nicolas Veron, economista de Bruegel y del Peteron Institute for International Economics, considera clave “romper el círculo vicioso” entre las entidades financieras y la deuda soberana de sus países. Para ello, los socios del euro necesitan acordar por fin la creación del fondo de garantía de depósitos comunitario y fijar límites para los bonos nacionales en los balances la banca. “La Unión Bancaria debe completarse y tenemos que ponernos de acuerdo sobre un esquema que reasegura a los europeos que sus depósitos tienen la misma protección, con independencia de donde vivan”, afirmó Valdis Dombrovskis, que será vicepresidente ejecutivo para el área económica y financiera. Más complicado ve Dombrovskis avanzar en la propuesta de la Comisión para titular bonos soberanos de la eurozona. “Desafortunadamente, este trabajo no ha sido recogido demasiado en el Consejo, por lo habrá que ver cómo tratamos de reavivar el debate”, atajó.

Reglas fiscales

La Comisión Europea deberá revisar en diciembre los llamados two pack y six pack y decidir si, como le recomendó el Consejo Fiscal de la UE, propone una reforma de las reglas fiscales. Los países miembros coinciden en que estas son demasiado complejas y poco claras, pero no están de acuerdo en abrir la caja de los truenos. Gentiloni consideró que la revisión de diciembre brindará “una gran oportunidad” para el debate y resaltó las tres claves en las que incidió el Consejo: que las normas sean “más simples, más ejecutables y más anticíclicas”.

Impuestos

“No podemos aceptar la idea de una competencia fiscal entre países europeos”, afirmó Gentiloni. La Comisión ha abordado ese dumping desde el área de Competencia, tratando de acabar con acuerdos ventajosos entre el fisco de varios países —en especial, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo— y multinacionales. Pero la UE ha sido incapaz de fijar una imposición mínima para gravar los beneficios empresariales. “Hay que avanzar más en el ámbito tributario, en especial en fijar una base común imponible para el impuesto de sociedades, porque muchos ciudadanos perciben que las grandes corporaciones no están pagando y algunos países están haciendo competencia desleal en ese terreno”, sostiene Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano.

Tampoco fue posible la creación de un impuesto para las grandes tecnológicas por el veto de Irlanda, Dinamarca y Suecia. “Queremos que esas reglas tributarias se basen en un acuerdo global, pero si no es posible a finales de 2020, estamos preparados para actuar”, anunció la futura vicepresidenta y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Mercado de Capitales

El director ejecutivo del think tank CEPS, Karel Lanoo, critica que el futuro equipo de Ursula von der Leyen haya olvidado el aspecto financiero dentro de las prioridades de su futuro ejecutivo. Tras la Gran Recesión, la mayoría de bancos se replegaron de nuevo en sus países. Francia, Alemania y los Países Bajos encargaron un informe para trazar las prioridades para construir y reforzar un “mercado de capitales europeo integrado, competitivo, profundo y líquido”, que mantenga a la UE como “uno de los dos principales centros financieros del mundo”.

Lucha contra el blanqueo

Bruselas ha ido adoptando nueva legislación a golpe de escándalos. La Comisión Europea tuvo que dar marcha atrás por el veto en bloque de los Veintiocho de una lista negra de jurisdicciones cuya legislación era, a su juicio, un coladero para el dinero procedente del crimen organizado y el terrorismo. El ejecutivo de Jean-Claude Juncker también está descontento con el papel jugado por la Autoridad Bancaria Europea. “[Le] hemos dado competencias adicionales, más poderes. […] Aun así, debe decirse que su rechazo a actuar en el mayor escándalo de blanqueo de capitales en Europa, que fue el caso Danske Bank, fue decepcionante”, dijo Dombrovskis. La propuesta de Bruselas pasa por crear una autoridad destinada a solo a esa tarea.

Empleo

Tras haber alcanzado una legislación para conciliar la vida familiar y laboral, el siguiente paso, según el próximo comisario de Trabajo, Nicolas Schmit, es lograr una “mayor convergencia” entre países y avanzar en el “equilibrio” y la “igualdad de género”. Fuentes diplomáticas apuntan que el mayor reto será fijar un salario mínimo digno. “No se trata de establecer un solo nivel salarial europeo y pondré especial atención a los modelos sociales de los diferentes Estados miembros”, tranquilizó Schmit.

CRIPTOMONEDAS, IMPUESTOS VERDES Y UNA ESTRATEGIA DIGITAL

La Comisión se ha fijado como prioridad alcanzar un Nuevo Pacto Verde europeo, cuya propuesta debería salir a los 100 días de su arranque. Se trata de desplegar medidas para que la UE tenga una economía climáticamente neutral en 2050. Deberá convencer primero a los países que en el pasado Consejo Europeo impidieron un acuerdo a nivel de la UE —Polonia, Hungría, República Checa y Estonia—. Y después desplegar sus armas, entre ellas una tasa al carbono en frontera para que las empresas europeas compitan en igualdad de condiciones frente a las importaciones de terceros países que tengan menos exigencias.

Otras dos medidas avanzadas en las audiencias de los aspirantes pasarán por desbloquear un billón de euros en una década transformando el Banco Europeo de Inversiones en un instrumento especializado en el cambio climático e integrar esos objetivos en las recomendaciones que formula la Comisión en el marco del Semestre Europeo.

El segundo gran reto es la agenda digital. En esa carpeta, la comisaria designada, Margrethe Vestager, se da 100 días para diseñar una estrategia europea sobre inteligencia artificial.

El otro gran reto es el control de las criptomonedas. El futuro vicepresidente Valdis Dombrovskis sostuvo que «Europa necesita una aproximación común sobre las criptomonedas como libra». Y anunció que tratará de proponer una nueva legislación al respecto para evitar «la competición desleal y las amenazas a la ciberseguridad y a la estabilidad financiera».

En nueve años, ambos Ejecutivos condonaron deudas a personalidades políticas mexicanas como la líder del partido del presidente López Obrador, Yeidckol Polevnsky

Otros15ConéctateEnviar por correoImprimirJON MARTÍN CULLELLMéxico 2 OCT 2019 – 15:13 CDT

México perdonó 274.000 millones de pesos en impuestos, unos 13.000 millones de dólares, en nueve años. Entre 2007 y 2015, los Gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) condonaron deudas a grandes empresas, entidades públicas, clubes de fútbol, así como a personalidades de la política y de la cultura. La lista de beneficiados, divulgada este martes, incluye a políticos como el exmandatario Carlos Salinas o la líder de Morena -el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador-, Yeidckol Polevnsky. La publicación de los datos coincide con el impulso del actual Gobierno para prohibir estas prácticas. 

La lista, entregada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tras un largo litigio con la ONG Fundar, ilumina uno de los rincones más opacos de la política pública. La condonación fue una herramienta que el poder ejecutivo utilizó con frecuencia para recuperar parte de lo adeudado y así evitar litigios que se podían demorar años. 2013, primer año del Gobierno de Peña Nieto, fue el más pródigo en este proceder, con un monto total condonado de al menos 115.000 millones de pesos en valor presente -casi el doble de lo perdonado en 2008, cuando la Administración de Felipe Calderón condonó alrededor de 70.000 millones de pesos-. Los datos cubren tan solo la primera mitad del sexenio de Peña Nieto. Si se añaden los tres años restantes, la cifra de lo perdonado durante las dos Administraciones es probablemente muy superior a los 274.000 millones. 

El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el economista Héctor Villarreal, apunta al abuso en la utilización de esta herramienta, cuyo propósito original era beneficiar a pequeños contribuyentes y a empresas en quiebra. «Si bien tiene una parte noble, se puede prestar a muchas trampas», explica el economista. «Todo crédito fiscal tiene un costo al erario». Más allá de la opacidad de la herramienta, la directora de Fundar, Haydée Pérez, cuestiona su eficacia. Los dos principales programas de condonación, lanzados al inicio de ambos sexenios, lograron recuperar una pequeña parte de lo adeudado: apenas un 14% en 2007 y un 25% en 2013, según el análisis de la ONG. El resto esquivó las arcas públicas.

La frecuencia de las amnistías creó, según apunta Pérez, «incentivos perversos para no cumplir con las obligaciones fiscales». Hay más de 1.300 contribuyentes que se acogieron a los programas tanto en 2007 como en 2013. De estos, 15 morosos reincidentes sumaron perdones por un valor de más de 83.000 millones de pesos. 

Felipe Calderón ha defendido en un comunicado publicado este miércoles en su cuenta personal de Twitter la medida impulsada al inicio de su sexenio como una herramienta para «regularizar» las deudas fiscales. Al mismo tiempo, ha rechazado que él decidiera de forma «arbitraria» quién se beneficiaba. Peña Nieto no ha emitido ningún comunicado al respecto. 

México arrastra las peores cifras en recaudación tributaria de todos los países que componen la OCDE, un 16% sobre el PIB comparado con el promedio grupal del 34%, según datos del organismo para 2017. La talla del sector informal y los múltiples agujeros del sistema fiscal son dos de los factores detrás de esta situación. Como ejemplo de la dimensión del desafío, el monto perdonado en los nueve años bajo lupa es equiparable al gasto total en educación programado en los presupuestos de 2018.

Los diez principales beneficiados acapararon el 24% de impuestos condonados y son entidades públicas y empresas privadas. La Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública de electricidad, consiguió perdones por valor de casi 14.000 millones de pesos, mientras la farmacéutica Roche y el grupo lechero Lala, obtuvieron beneficios de 2.874 y 2.428 millones de pesos, respectivamente.

Además, la lista pone al desnudo a personalidades importantes de la vida pública mexicana. Sobresale el nombre del exmandatario Carlos Salinas (PRI), quien recibió un perdón de ocho millones de pesos en 2007, primer año de la Administración de Calderón. El polémico abogado Juan Collado, el letrado de la élite mexicana actualmente en prisión preventiva, dejó de pagar 12 millones. También salen tocados personajes próximos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2013, el Gobierno de Peña Nieto perdonó 16 millones de pesos a la líder de Morena y antigua empresaria Yeidckol Polevnsky, y otros nueve a la exatleta y actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara. 

El mundo de la cultura no se queda atrás. Los ya fallecidos músicos Juan Gabriel y José José, iconos de la canción mexicana, se libraron de pagar 121 millones y casi 11 millones respectivamente. A la también cantante Paulina Rubio (23 millones) y a la actriz y exesposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, casi dos millones. 

Ante el estallido de estos agujeros fiscales, la actual Administración busca ahora taponarlos. La Cámara de Diputados aprobó a finales de septiembre una reforma constitucional para prohibir la condonación, que está pendiente del visto bueno del Senado. El economista Héctor Villarreal ve positiva la medida. «El código fiscal está lleno de huecos que hay que cerrar», sostiene. Tras la publicación de la lista, López Obrador ha hecho un llamado a «fortalecer la hacienda pública», sin mencionar explícitamente a los personajes en la órbita de su Gobierno que figuran en la lista. 

La publicación de la lista de beneficiarios llega precedida de cuatro años de litigios entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la ONG Fundar, la solicitante de la información. El instituto nacional de transparencia (INAI) emitió en 2015 una resolución que obligaba a las autoridades tributarias a entregarla, pero estas se resistieron. Hace un año, un juez ordenó al SAT cumplir con dicha resolución e impuso el 30 de septiembre como fecha límite para ello. Aun así, todavía quedan por publicar los nombres de 201 contribuyentes que han presentado un amparo ante el poder judicial para evitar que se revelen sus identidades. 

Hay un aspecto particularmente tóxico de la globalización que no recibió la atención que se merece: la elusión fiscal de las empresas

Otros2ConéctateEnviar por correoImprimirJOSEPH E. STIGLITZ19 OCT 2019 – 17:14 CDT

La globalización se labró una mala reputación estos últimos años, y a menudo por buenas razones. Pero algunos críticos, en particular el presidente estadounidense Donald Trump, atribuyen mal las culpas, y urden una imagen falsa en la que Europa, China y los países en desarrollo embaucaron a los negociadores comerciales de Estados Unidos para que aceptaran malos acuerdos que causaron los problemas actuales de los estadounidenses. Es una afirmación absurda: al fin y al cabo, fue Estados Unidos (o mejor dicho, su sector corporativo) el que escribió las reglas de la globalización.

Dicho eso, hay un…

Como parte del acuerdo, China estaría de acuerdo con algunas concesiones agrícolas y EU proporcionaría un cierto alivio arancelario.

11 de octubre de 2019

Forbes Staff

La guerra comercial entre Estados Unidos y China podría tener una tregua ya que representantes de ambos países llegaron a un acuerdo parcial.

Como parte del tratado que se negocia en Washington, China acordó realizar algunas concesiones agrícolas mientras que Washington aliviaría cierta presión de aranceles, de acuerdo con Bloomberg.

Lo acordado, agregó, sentaría las bases para un acuerdo más amplio que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping podrían firmar a finales de este año, según personas familiarizadas con el asunto.

El pacto es tentativo y está sujeto a cambios a medida que Trump se prepara para sentarse este mismo viernes con el vicepresidente de China, Liu He.