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BERLÍN – Tras tres décadas de creciente desigualdad económica, las poblaciones de los países avanzados están enojadas, y expresan sus quejas en las urnas o en las calles. Pero una respuesta creíble a la desigualdad exige encarar una faceta de esta tendencia de la que no se habla tanto: la pérdida de movilidad social intergeneracional.

Hoy los padres no pueden dar por sentado un futuro mejor para sus hijos. Por el contrario, un informe de la OCDE publicado en 2018 concluye que en la media de los países desarrollados, a los niños del decil inferior de ingresos les llevaría entre cuatro y cinco generaciones llegar al nivel de ingresos promedio. Y la lentitud de la movilidad ascendente es mayor cuanto más desigual es el país.

La desigualdad y la falta de movilidad social tienen un claro vínculo con la geografía: a las áreas urbanas en general les va mucho mejor que a las rurales. La Brookings Institution informa que en Estados Unidos las ciudades con más de un millón de residentes generaron el 72% del crecimiento total del empleo desde la crisis financiera de 2008, contra sólo el 6% para las ciudades con poblaciones de entre 50 000 y 250 000 habitantes. Desde 1970, los salarios del 2% superior en las áreas metropolitanas estadounidenses aumentaron casi un 70%, contra 45% en el resto del país.

Asimismo, en la región francesa de la Île-de-France, que incluye a París, el PIB per cápita pasó de ser el 148% del promedio nacional en 1975 al 165% en 2010, mientras que en la menos desarrollada Lorena, esa cifra cayó del 95% al 76% en el mismo período. La misma divergencia puede verse en Alemania, aunque en este caso hay una ciudad importante, Berlín, que está rezagada respecto del resto. En 2016, el PIB per cápita del estado alemán más pobre, Mecklenburg-Vorpommern, fue apenas 29 133 dólares, un 60% menos que los 69 719 dólares de Hamburgo. La media nacional fue 43 110 dólares.

Un estudio de la UK2070 Commission muestra que entre 1971 y 2013, el crecimiento acumulado de la producción en el norte de Inglaterra cayó 17 puntos porcentuales, mientras que en Londres aumentó 12. Esto tiene importantes derivaciones respecto de la movilidad social: un niño que es lo suficientemente pobre para acceder al almuerzo escolar gratuito en Hackney (uno de los barrios más pobres de Londres) todavía tiene una probabilidad tres veces mayor de ir a la universidad que un niño igualmente pobre en la ciudad norteña de Hartlepool.

Estas tendencias se pueden rastrear hasta los años ochenta, cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher comenzaron a implementar reformas estructurales que buscaban mejorar la competitividad de las economías mediante un rebalanceo hacia los sectores no industriales y la limitación del poder de los sindicatos. Aunque hasta cierto punto esas reformas se justificaban (piénsese en la “estanflación” de los setenta), se hizo muy poco para mitigar sus consecuencias sociales.

MOSCÚ – En su libro de 2014 La cleptocracia de Putin, la difunta Karen Dawisha sostenía que la clave para entender a la Rusia de Vladimir Putin es el dinero. Mientras Putin le vendía historias a la población sobre restablecer la influencia global de Rusia, explicaba Dawisha, él y un círculo de secuaces de confianza amasaban inmensas cantidades de riqueza personal. Más que como un autoritario, nacionalista o revanchista, a Putin, en su opinión, habría que concebirlo como un estafador

En aquel momento, yo no estaba de acuerdo: si bien el dinero era sin duda importante para entender al régimen de Putin, no había que desestimar el impulso por la influencia global. Pero luego de la redada de las fuerzas de seguridad en el Instituto de Física Lebedev (FIAN) en Moscú el mes pasado, cambié de opinión.

Durante décadas, el FIAN ha estado en la frontera del progreso científico y tecnológico ruso. Así parecería que el instituto está idealmente preparado para desempeñar un papel central a la hora de promover las prioridades estratégicas que el propio Putin identificó en mayo de 2018: ciencia, innovación tecnológica y producción orientada a las exportaciones.

Sin embargo, el mes pasado, las fuerzas de seguridad rusas fueron al instituto para encontrar, detener e interrogar a su director, Nikolai N. Kolachevsky, sobre un supuesto plan por parte de la compañía Trioptics, que alquilaba oficinas en las instalaciones del FIAN, para exportar un tipo especial de ventana óptica a Alemania. Como la ventana tiene aplicaciones en actividades espaciales o militares, dicen las autoridades, exportarla podría minar la seguridad nacional.

¿Por qué los apparatchiks de seguridad de Rusia están tomando medidas que contradicen los objetivos políticos manifiestos del Kremlin? Algunos sostienen que simplemente han escapado del control de Putin. Durante 20 años, Putin ha venido instalando a sus ex colegas y amigos de la KGB en puestos de importancia en el aparato de seguridad y militar de Rusia. Estos llamados siloviki, u hombres fuertes, podrían haber acumulado tanto poder que hacen lo que les plazca, inclusive si esto implica minar los esfuerzos de Putin por volver a poner a Rusia en el sendero del progreso.

Esto es posible, pero no probable. Una explicación más factible es que el propio Putin esté en un conflicto. Si bien quiere poder pregonar los logros rusos en ciencia e innovación, también quiere enriquecerse lo más posible. Y, como observaba Dawisha, a la hora de elegir, el dinero está primero.

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LONDRES – Europa necesita un banco de desarrollo robusto y ágil que pueda cooperar, pero a su vez también pueda desafiar, a las instituciones chinas involucradas en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda y a las agencias de desarrollo de Estados Unidos, mismas que fueron recientemente reforzadas. Con este objetivo en mente, hace poco tiempo, la Unión Europea designó a un “grupo de sabios” (WPG) para revisar la arquitectura de la Unión Europea para la  financiación del desarrollo. Este grupo, del que fui miembro, ha conceptualizado tres opciones estilizadas. Pero, podría haber una cuarta alternativa que combine las mejores características de las instituciones existentes.

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MÚNICH – La industria automotriz de Alemania es su sector industrial más importante. Pero está en crisis, y no solo porque está sufriendo los efectos de una recesión causada por los propios engaños de Volkswagen sobre sus estándares de emisiones, lo que alejó a sus consumidores. El sector además enfrenta la amenaza existencial de unos requisitos de emisiones de la Unión Europea cada vez más estrictos, que solo aparentemente se basan en políticas de protección ambiental.

La UE claramente se excedió con la normativa sobre dióxido de carbono que entró en vigencia el 17 de abril de 2019. A partir de 2030, los fabricantes europeos de automóviles deberán haber alcanzado un promedio de emisiones por vehículo de apenas 59 gramos de CO₂ por kilómetro, lo que corresponde a un consumo de combustible de 2,2 litros de equivalente de diésel por 100 kilómetros (107 millas por galón). Es una meta sencillamente imposible de lograr.

Ya en 2006, el promedio de emisiones de los nuevos vehículos de pasajeros registrados en la UE era de cerca de 161 g/km. A medida que los coches se fueron haciendo más pequeños y ligeros, la cifra cayó a 118 g/km en 2016. Pero este promedio volvió a elevarse debido a un aumento de la proporción de mercado de los motores a gasolina, que emiten más CO₂ que los motores diésel. Para 2018, el promedio de emisiones de coches nuevos registrados había subido levemente por encima de los 120 g/km, el doble de lo que se permitirá en el largo plazo.

Ni siquiera los ingenieros más hábiles podrán desarrollar motores de combustión interna (MCI) que cumplan los estándares exigidos por la UE (a menos que obliguen a sus clientes a entrar en coches pequeñísimos). Pero parece que este es el punto, precisamente. La UE desea reducir las emisiones de sus flotas al obligarlas a cambiarse a vehículos eléctricos. Después de todo, en su fórmula legal vinculante para calcular las emisiones de las flotas, simplemente supone que los vehículos eléctricos (VE) no emiten ningún nivel de CO₂.

Lo que se implica es que si la producción de una empresa automotriz se divide a partes iguales entre vehículos VE y MCI que se ajustan al promedio actual, se podría alcanzar el objetivo de 59 g/km. Si una empresa no puede producir VE y mantiene el actual promedio de emisiones, deberá pagar una multa de cerca de 6000 € ($ 6600) por coche, o de lo contrario fusionarse con un competidor que pueda fabricarlos.

Pero la fórmula de la UE no es más que una enorme estafa. Los VE también emiten importantes cantidades de CO₂, y la única diferencia es que el tubo de escape se libera en la planta energética. Siempre que se requieran plantas a carbón o gas para asegurar el suministro de energía durante los “periodos oscuros” en que no brilla el sol ni sopla el viento, los VE, igual que los vehículos con MCI, funcionan parcialmente con hidrocarburos. E incluso si se cargan con energía solar o eólica, enormes cantidades de combustibles fósiles se utilizan para producir las baterías de los VE en China y otras partes del planeta, lo que supone un contrapeso a las supuestas reducciones de emisiones. Como tal, la intervención de la UE no es mucho mejor que un dispositivo de corte en un sistema de control de emisiones.

MADRID – Ante el monumental desafío que representa el cambio climático, el líder de la primera potencia global sigue lavándose las manos. A principios de noviembre, el presidente Trump notificó oficialmente la retirada estadounidense del Acuerdo de París, confirmando así una decisión ya anunciada en 2017. La notificación oficial ha llegado tan pronto como permitían las provisiones de París, y la retirada se hará efectiva justo el día después de las elecciones presidenciales estadounidenses, en noviembre de 2020. De este modo, Estados Unidos se convertirá en el único país del mundo que no forme parte del pacto.

Todos los candidatos presidenciales del Partido Demócrata han prometido que, si salen victoriosos de las elecciones, Estados Unidos retornará al Acuerdo de París. Pero el problema es mucho más amplio: la Administración Trump ha adoptado una política medioambiental absolutamente nefasta, que ha consistido en desmantelar sistemáticamente las regulaciones de la era Obama. Afortunadamente, los esfuerzos continuados de estados, ciudades, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas —junto con algunos factores económicos, como la competitividad del gas natural— han permitido paliar los impactos negativos de las políticas de Trump. Sin embargo, es obvio que Estados Unidos será incapaz de liderar la lucha contra el cambio climático mientras su Gobierno federal siga dando la espalda a la evidencia científica.

Entre tanto, otros países se muestran mucho más dispuestos a abrazar la causa. La gran potencia emergente a nivel mundial, China, todavía tiene un gran margen de mejora desde un punto de vista medioambiental, pero los esfuerzos que viene haciendo son muy notables. En el campo de la diplomacia climática, China ha pasado incluso a ocupar un espacio central, donde ha coincidido con la Unión Europea. Hay que recordar que el liderazgo europeo en esta materia viene de muy atrás, y que la Unión ha dado ya muchas señales de su fuerte compromiso con acelerar la transición energética.

Es de esperar que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen llegue con mayor ímpetu si cabe. La decisión de elevar la cartera climática a una de las tres vicepresidencias ejecutivas, situándola bajo la responsabilidad del socialdemócrata Frans Timmermans, ha supuesto un excelente punto de partida. Timmermans se encargará de diseñar un “acuerdo verde europeo”, que deberá presentar durante sus primeros 100 días de mandato, y que habrá de sentar las bases para que Europa se convierta en el primer continente en alcanzar la neutralidad de carbono. Una tarea a abordar urgentemente por la nueva Comisión será la de garantizar un elevado grado de coordinación entre sus distintas áreas, con tal de que todas ellas remen en la misma dirección.

Al igual que el llamado Green New Deal, por el que abogan destacados políticos demócratas en Estados Unidos, el “acuerdo verde europeo” posee una dimensión marcadamente social. A este respecto hay que enfatizar que, por razones de equidad y de pragmatismo, la transición energética no puede estar reñida con el crecimiento económico. Todo discurso que abogue por revertir el crecimiento es políticamente inviable, y está abocado al fracaso. Esto es cierto en los países desarrollados, y más cierto si cabe en los países en vías de desarrollo.

En el núcleo de la agenda climática europea se halla el imperativo de emprender una “transición justa”. Esta idea implica ayudar a aquellos países y a aquellos sectores de la población —como los trabajadores de las cuencas mineras— que son particularmente vulnerables a los profundos cambios que deben experimentar nuestros modelos energéticos. La creación de un “fondo para la transición justa”, que ha recibido el espaldarazo de Von der Leyen, podría facilitar que todos los países de la Unión Europea se comprometiesen a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Hasta ahora, no ha sido posible construir un consenso en torno a este propósito, que sigue sin contar con el beneplácito de Polonia, Hungría y la República Checa.

La compañía petrolera argentina YPF dijo que un pozo de gas se incendió en su vasta formación de petróleo y gas de esquisto bituminoso de Vaca Muerta el domingo temprano luego de una fuga de gas el día anterior.

Aún se desconoce la causa de la fuga y el incendio en el pozo LLLO X-2 en el campo de gas Loma La Lata West en la región patagónica meridional de Neuquén, dijo YPF en un comunicado.

«No se han reportado heridos y dos equipos de bomberos con 12 bomberos han sido desplegados en el área», dijo. Se agregarán más recursos en el transcurso del lunes por la mañana ”, agregó.

Un portavoz de la compañía dijo que la producción solo se vio afectada en el pozo en llamas. Dijo que había establecido un perímetro de seguridad de un kilómetro alrededor del área.

YPF es el principal operador en Vaca Muerta, que representa la segunda reserva de gas más grande del mundo y la cuarta más grande de petróleo no convencional.

Según el Ministerio de Energía, Vaca Muerta puede permitir que el país elimine su déficit energético este año y logre un superávit en 2020, al tiempo que permite una mayor entrada de dólares estadounidenses muy necesarios al país.

A fines del mes pasado, YPF dijo que la reciente depreciación del peso argentino y la decisión del presidente Mauricio Macri de congelar los precios del combustible durante 90 días para evitar nuevos saltos en la tasa de inflación han aumentado el riesgo de que los gastos superen los ingresos.

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El influyente ministro de finanzas de Brasil ha convencido al presidente Jair Bolsonaro de considerar el paso una vez impensable de privatizar la petrolera estatal Petrobras, pero la rígida oposición política podría sofocar cualquier esfuerzo por vender la joya de la corona corporativa del país.

Petrobras, Petroleo Brasileiro SA, fue fundada en 1953 por el ex presidente Getulio Vargas tras una campaña nacionalista que comenzó en la década de 1940 con el himno «El petróleo es nuestro».

La venta de la compañía cerraría el impulso del ministro de Economía, Paulo Guedes, un economista capacitado en la escuela de Chicago y discípulo de la economía thatcherista, para maximizar la privatización, la desregulación y la actividad de libre mercado.

Guedes, quien influye en la administración derechista de Bolsonaro, ha dicho que si fuera por él, el estado vendería «todo». Pero necesita obtener apoyo porque, a diferencia de otros activos estatales, la privatización de Petrobras requiere la aprobación del Congreso.

La participación del gobierno brasileño en Petrobras, incluidas las acciones propiedad del banco de desarrollo BNDES, tiene un valor de 135 mil millones de reales (US $ 33 mil millones) a los precios actuales del mercado.

Es difícil estimar cuánto pagaría un rival por una prima de control o cuánto podría recaudar el gobierno de la privatización total. Aún así, los ingresos de una venta contribuirían en gran medida a reducir el déficit presupuestario de Brasil.

También sería la señal más clara hasta ahora de que el gobierno se toma en serio la reducción del tamaño del estado y su influencia en los negocios. Pero es probable que siga siendo un sueño imposible, al menos durante los tres años y medio restantes del primer mandato de Bolsonaro.

Petrobras ya está recaudando efectivo vendiendo activos no básicos y el gobierno tiene una larga lista de otras empresas que quiere privatizar primero. Además, los políticos de muchas tendencias se oponen a la venta de Petrobras, diciendo que violaría la soberanía nacional.

«Petrobras es un ejemplo exitoso de una empresa pública … así que me resulta difícil argumentar que privatizarla será más rentable para Brasil», dijo el diputado federal Marcelo Ramos, del Partido Liberal de centroderecha.

«Personalmente, estoy en contra y no creo que haya apetito por esto en el Congreso», dijo.

Luego de una disputa sobre la venta de filiales de Petrobras, la Corte Suprema de Brasil decidió en junio que el Congreso debe aprobar cualquier venta de la compañía petrolera.

El propio Bolsonaro ha dicho en el pasado que se opuso a la privatización de Petrobras debido a su naturaleza «estratégica». La semana pasada, dijo que el gobierno estaba listo para discutir una posible venta y que las acciones de Petrobras aumentaron brevemente.

«Todo se estudia, todo se plantea, todo se discute», dijo Bolsonaro a los periodistas. «Independientemente de si se privatiza o no, debe analizar el costo-beneficio, lo que es bueno para Brasil y lo que no», dijo.

Un impulso para privatizar Petrobras «envalentonará a la oposición en el Congreso, que ahora tiene más apoyo para su reclamo de que Brasil se entregue a empresarios y / o extranjeros», dijeron analistas de Guide Investimentos en una nota a clientes la semana pasada.

Actualmente, el gobierno tiene una participación del 43%, 28% directamente y 15% a través de BNDES, en la novena compañía petrolera más grande del mundo por capitalización de mercado. Esa es una participación controladora porque son todas acciones con derecho a voto, equivalentes al 50.3% de las acciones comunes, según la información proporcionada por Petrobras a los reguladores de la industria de valores.

Las principales compañías petroleras en miles de millones en inversiones incompatibles con el acuerdo climático de París, afirma el grupo de expertos en energía

Viernes 6septiembre2019-09 : 53 UTCArticulo completo

Las principales compañías petroleras aprobaron proyectos por un valor de US $ 50 mil millones desde el año pasado que no serán económicamente viables si los gobiernos implementan el Acuerdo de París sobre el cambio climático, dijo el grupo de expertos Carbon Tracker en un informe publicado el viernes.

El análisis encontró que los planes de inversión de Royal Dutch Shell, BP y ExxonMobil, entre otras compañías, no serán compatibles con el Acuerdo de París de 2015, que apunta a limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.

«Cada importante petrolera está apostando fuertemente contra un mundo de 1.5 grados centígrados e invirtiendo en proyectos que son contrarios a los objetivos de París», dijo el coautor del informe Andrew Grant, ex analista de recursos naturales en Barclays.

Las grandes compañías de petróleo y gas han acogido con beneplácito el Acuerdo de París respaldado por la ONU, en el que los gobiernos acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, o «muy por debajo» de 2 grados centígrados para finales de siglo.

Los científicos ven 1.5 grados centígrados como un punto de inflexión donde los impactos climáticos como el aumento del nivel del mar, los desastres naturales, la migración forzada, las cosechas fallidas y las olas de calor letales comenzarán a intensificarse rápidamente si se viola.

El análisis de Carbon Tracker, en coautoría de Mike Coffin, un ex geólogo de BP, descubrió que 18 proyectos de petróleo y gas recientemente aprobados por un valor de US $ 50 mil millones podrían quedar «fuera del dinero» en un mundo con menos carbono.

Los proyectos incluyen el proyecto de GNL de gas natural licuado (GNL) de Shell por 13 mil millones de dólares de los EE.UU. , Chevron, Total y Equinor.

El informe también concluyó que las compañías de petróleo y gas corren el riesgo de «gastar» 2,2 billones de dólares para 2030 en nuevos proyectos si los gobiernos aplican restricciones más estrictas a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los informes anteriores sobre las implicaciones del cambio climático para las compañías de petróleo y gas por parte de Carbon Tracker y otros investigadores han contribuido a una ola de presión de los inversores sobre las grandes empresas para mostrar que sus inversiones están alineadas con los objetivos de París.

Si bien algunas compañías, incluidas Shell, BP, Total y Equinor, han aumentado el gasto en energía renovable y han introducido objetivos de reducción de carbono, el sector dice que necesita continuar invirtiendo en nuevos proyectos para satisfacer la demanda futura de petróleo y gas a medida que las economías asiáticas se expanden.

Shell dijo en un comunicado que ha establecido una «ambición» de reducir a la mitad las emisiones netas de carbono para 2050 «en sintonía con la sociedad a medida que avanza hacia el cumplimiento de los objetivos de París».

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A partir de este jueves, el gobierno de Argentina acordó descongelar el precio del combustible y, por lo tanto, autorizar un aumento del 4 por ciento después de ceder a la presión de los gobernadores de la provincia y las compañías petroleras, ya que el barril de crudo también aumenta a nivel mundial.

El nuevo precio del combustible premium será de alrededor de 52,44 pesos argentinos (unos 0,9 dólares estadounidenses) por litro, mientras que el combustible diesel se venderá por 42,16 pesos por litro (0,71 dólares estadounidenses).

La medida de congelación del precio del combustible se anunció el 15 de agosto para «los próximos 90 días», pero solo duró 34 días. Otras medidas que siguieron a la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto, como las bonificaciones salariales por única vez o las deducciones fiscales aún no han llegado al ciudadano promedio.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, explicó en un comunicado de prensa que «El Decreto sobre la congelación de combustibles del 2 de septiembre de 2019 permite a la secretaría emitir, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen, los actos necesarios para normalizar los precios del sector a fin de proteger el consumidor y mantener el nivel de actividad y empleo «.

La declaración agregó que «estas circunstancias se vieron notablemente afectadas como resultado del aumento en el precio del petróleo derivado del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita». El precio de Brent aumentó un 14% en un día, lo que representó la tercera variación más importante después de las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%) «.

La nota oficial también señala que «Dado el nuevo escenario internacional, el Gobierno también aprobó un aumento del 5,58% del precio del barril reconocido a los productores de petróleo» destinado a evitar «un freno en las obras en Vaca Muerta».

El aumento del 4% se calculó sobre las cifras de inflación de agosto proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censys (INDEC), se explicó.

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Estados Unidos elevaría los aranceles a las importaciones chinas si no se llega a un acuerdo con Beijing para poner fin a una guerra comercial, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con una escalada de la disputa que ha dañado el crecimiento económico en todo el mundo.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que tenía una buena relación con China, y señaló que China estaba «avanzando». Sin embargo, dijo que China tendría que llegar a un acuerdo «me gusta».

«Si no hacemos un trato con China, simplemente subiré los aranceles aún más», dijo a una sala llena de altos funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos y China se han visto atrapados en sucesivas oleadas de aranceles que han afectado a los mercados financieros y han amenazado con arrastrar el crecimiento de la economía mundial a su tasa más baja desde la crisis financiera de 2007-2008.

Las esperanzas eran altas de que se pudiera firmar un acuerdo comercial parcial en una cumbre en Santiago, Chile, que estaba programada para mediados de noviembre. La cumbre fue cancelada en medio de disturbios en Chile y el camino a seguir para un acuerdo sigue sin estar claro.

Los puntos conflictivos incluyen cómo y cuándo reducir los aranceles y la cantidad de productos agrícolas estadounidenses que China se comprometería a comprar.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo la semana pasada que los dos países se estaban acercando a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial de 16 meses, pero no dio más detalles sobre el momento de un posible acuerdo.

Sin embargo, el medio de comunicación estatal chino Xinhua dijo que el sábado se sostuvieron «conversaciones constructivas» por teléfono entre el viceprimer ministro chino Liu He, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

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