La disrupción en las cadenas globales de suministro y producción ha golpeado frontalmente a las grandes economías exportadoras
El creciente viraje hacia el proteccionismo de la política comercial de Estados Unidos —que ha resultado en la imposición de aranceles a las importaciones de China y la amenaza de medidas similares contra Europa y México—, aunado a las medidas compensatorias impuestas por China, se ha convertido en un pesado lastre para la economía global.
Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han revisado considerablemente a la baja sus estimados de crecimiento global como resultado de la disminución en los flujos comerciales y de inversión a nivel internacional.
La disrupción en las cadenas globales de suministro y producción generada por los aranceles y la incertidumbre sobre los objetivos reales de la política comercial estadounidense ha golpeado frontalmente a las grandes economías exportadoras de Europa (como Alemania) y a los gigantes asiáticos (como China, Japón y Corea del Sur, entre otros).
Aunque la economía americana mantiene un ritmo de crecimiento sólido, el buen comportamiento del consumo (impulsado por el pleno empleo y el crecimiento en los salarios) está escondiendo una fuerte caída en los niveles de confianza empresarial y una fuerte desaceleración en el sector manufacturero.
Los índices de manufactura global se ubican en territorio de contracción desde hace algunos meses, situación que no ocurría desde principios del 2016, y su ritmo de caída es el más pronunciado desde el 2012, cuando la economía global navegaba en el punto más álgido de la crisis de la Eurozona.
Esta semana, la lectura mensual del Índice de Pedidos Manufactureros (PMI por su sigla en inglés) en Estados Unidos, correspondiente a agosto, sorprendió a la baja y cayó en territorio de contracción por primera vez desde el 2016.
Dentro de la encuesta que viene con la publicación de dicho índice, los participantes mencionaron la incertidumbre provocada por la guerra comercial como el principal factor de preocupación y limitante al crecimiento.
Por otra parte, la encuesta mensual del Wall Street Journal que mide los niveles de confianza de la pequeña empresa en Estados Unidos cayó en agosto a su nivel más bajo desde el 2012.
Aunque el presidente Trump ha mencionado en diversas ocasiones que “las guerras comerciales son fáciles de ganar”, la realidad demuestra que su cruzada contra China viene con costos importantes para el crecimiento global.
El consuelo de la administración Trump es que, hasta ahora, el costo ha sido considerablemente mayor para el resto del mundo que para Estados Unidos. Aunque los orígenes de la guerra comercial contra China tienen cierto mérito —como terminar con el robo de tecnología y los abusos constantes de China en temas como los límites a la Inversión Extranjera Directa—, la falta de claridad sobre los objetivos principales de la estrategia de Trump y su personal estilo de negociación están generando niveles de incertidumbre y disrupción que no serán fáciles de revertir si se llega a un acuerdo.
Inicialmente, el objetivo explícito de la estrategia comercial de Trump contra China era el de reducir el déficit comercial con China en 200,000 millones de dólares para el 2020.
Este objetivo inicial, además de ser imposible de cumplir, demuestra el poco entendimiento que tiene la administración Trump de las razones detrás del déficit comercial, que ha sido una característica permanente de la economía americana durante los últimos 35 años, y que se debe principalmente a que los estadounidenses consumen mucho más de lo que ahorran.
Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, la postura de negociación de la administración Trump se ha vuelto cada vez más agresiva. Lo que empezó como una negociación comercial se está convirtiendo en una disputa geopolítica que va mucho más allá de la disminución del déficit comercial con China, y en la que EU apunta directo al corazón de la política industrial china.
También se propone un mecanismo de retención, el cual recae, en principio, en las personas físicas o morales que reciban los servicios suministrados.
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para gravar la economía digital y, a su vez, obtener mayores ingresos tributarios.
El documento presentado por el también presidente de la Comisión de Presupuesto destacó la importancia de gravar las transacciones que se realizan de manera digital, sobre todo ante el gran crecimiento que ha tenido la economía digital en los últimos años.
“La velocidad con la cual se desarrollan las actividades económicas a nivel mundial y la generación de nuevas formas de creación de valor hacen necesaria la adecuación de los ordenamientos fiscales ya existentes, a efecto de no generar una competencia desleal entre los proveedores de bienes o servicios que realizan sus actividades económicas a través de establecimientos, tiendas o locales fijos y aquellos que los ofrecen a través de plataformas digitales que generan ganancias multimillonarias”, expuso.
Por lo anterior, la iniciativa propone cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todas las operaciones realizadas en la economía digital, ya que, en la actualidad, todos los servicios consumidos en México, a través de una plataforma digital y que son prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, no pagan IVA.
Asimismo, propone un mecanismo de retención, el cual recae, en principio, en las personas físicas o morales que reciban los servicios suministrados.
“No obstante, para llevar a cabo una recaudación efectiva se propone que las instituciones integrantes del sistema financiero sean las responsables solidarias de recaudar el impuesto y enterarlo al fisco federal”, dijo.
El diputado expuso que la retención del IVA tiene como fin evitar que aquellos sectores de difícil fiscalización trasladen el impuesto, lo reciban y no lo enteren al SAT.
Las primeras estimaciones refieren que cobrar IVA en plataformas como Uber, Amazon, Apple y otras dejaría al erario alrededor de 10,000 millones de pesos.
La propuesta es resultado del convenio firmado por la Comisión de Presupuesto y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hace algunos días.
No es un impuesto nuevo
El documento hizo hincapié en que la propuesta no prevé la creación de un nuevo impuesto, sino más bien cobrar de manera adecuada y justa el IVA.
“Simplemente se está creando un mecanismo para que las empresas extranjeras paguen el impuesto al consumo adeudado en territorio nacional”.
Diversos expertos han referido que si bien se tiene una buena intención, el cobro del IVA podría ser trasladado al consumidor final.
“El reto no sólo está en México. Diferentes gobiernos deben empezar a hacer un análisis a profundidad para que este gravamen no afecte al consumidor”, aseveró en su momento Rodrigo Ramírez Venegas, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
A nivel internacional, la economía digital está en la mira de la OCDE y el G20 para lograr un consenso y poder gravarla; no obstante, existe un reto para plantear adecuadamente una medida que logre obtener recursos de estas empresas.
La OCDE ha identificado tres grandes retos en materia fiscal que han generado estas empresas, por lo que es difícil gravarlas: el primero de ellos fue que dichas empresas pueden tener actividad en diferentes países sin tener una presencia física; otro reto es la dependencia de las compañías respecto a los activos intangibles —como la propiedad intelectual—, y por último, el uso de datos personales de los usuarios.
El Banco Popular de China (BPC) dijo que reduciría el ratio de requerimientos de reserva en 50 puntos básicos para todos los bancos, con un recorte adicional de 100 pb para algunos prestamistas más pequeños calificados.
El banco central de China dijo este viernes que estaba recortando la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas por tercera vez este año, liberando un total de 900,000 millones de yuanes (unos 126,350 millones de dólares) en liquidez para apuntalar a una economía en desaceleración.
Los analistas esperaban que China anunciara más medidas que implican una flexibilización de sus políticas pronto, ya que la segunda economía más grande del mundo se ve presionada por el aumento de los aranceles de Estados Unidos y la lenta demanda interna.
El Banco Popular de China (BPC) dijo que reduciría el ratio de requerimientos de reserva (RRR) en 50 puntos básicos (pb) para todos los bancos, con un recorte adicional de 100 pb para algunos prestamistas más pequeños calificados.
El BPC ahora ha reducido los requerimientos de reservas siete veces desde principios de 2018.
El recorte, que liberará 800,000 millones de yuanes en liquidez, entrará en vigencia el 16 de septiembre. El recorte objetivo adicional liberará 100,000 millones de yuanes en financiamiento, y se realizará en dos fases, a partir del 15 de octubre y el 15 de noviembre.
«La medida muestra que los responsables de las políticas están cada vez más preocupados, pero está lejos de ser suficiente para estabilizar la economía», dijo Larry Hu, jefe de economía de China en el Grupo Macquarie en Hong Kong.
«Todo se está ralentizando: las empresas no están dispuestas a invertir debido a la guerra comercial, una desaceleración global y el débil crecimiento de la infraestructura y el sector inmobiliario», agregó.
El último movimiento para estimular los préstamos bancarios siguió a una reunión de gabinete el 4 de septiembre que prometió implementar recortes amplios y específicos en los requerimientos de reserva «de manera oportuna».
Desde el inicio de la administración de López Obrador hasta la fecha, una quinta parte de los empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha ido, y una ley ‘amenaza’ con que sean aun más personas.
BLOOMBERG BUSINESSWEEK / MICHAEL O’BOYLE 04/09/2019 Actualización 05/09/2019 – 4:50
Ilustración: Oscar Castro
El regulador de la banca en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya se había visto afectado por cientos de renuncias en sus filas de trabajo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recortara los salarios. Ahora, una de sus posibles leyes amenaza con provocar un éxodo mayor de los principales funcionarios del organismo.
La legislatura federal tiene programado para el próximo mes promulgar restricciones estrictas a la llamada ‘puerta giratoria’ entre el gobierno y el sector privado, buscando así erradicar lo que el presidente llama el “cáncer de la corrupción”. Con los cambios propuestos, los servidores públicos de alto nivel tendrían prohibido tomar empleos en empresas o instituciones que alguna vez regularon por un periodo de 10 años. De aprobarse así, sería una de las leyes más estrictas del mundo en ese tema.
Para un regulador financiero que a menudo ve a sus funcionarios tomar puestos de trabajo en bancos, quizá demasiado rutinariamente, y ha sido criticado por sus relaciones acogedoras con las instituciones que pretende vigilar, la idea de tales límites no ha salido bien. Muchos trabajadores de alto nivel han hablado de renunciar si la ley entra en vigor, según entrevistas con una docena de empleados actuales y anteriores.
Una fuga de cerebros en la CNBV podría debilitar aún más a una institución que supervisa prácticamente todo, desde los índices de liquidez bancaria hasta las ofertas públicas iniciales en la segunda economía más grande de América Latina.
En términos más generales, el caso también subraya los fuertes desafíos para López Obrador en su aventura por cumplir su visión de erradicar la mala conducta en el gobierno y poner fin a una era en la que los funcionarios públicos diseñaron nuevas fortunas privadas con favores del gobierno.
“Sería devastador para el regulador”, dijo Mauricio Basila, un ex alto funcionario de la CNBV, quien supervisó el mercado de valores y ahora dirige su propia firma de consultoría. “Las mejores personas se irían en lugar de quedarse”.
El gobierno de López Obrador ya ha hecho recortes a las nóminas y a los beneficios laborales desde el comienzo de su administración a fines del año pasado, como parte de un impulso de austeridad. Eso ha llevado a una ola de renuncias en las entidades gubernamentales, desde la Secretaría de Hacienda hasta Pemex.
En la CNBV, aproximadamente una quinta parte de los empleados se han ido desde que se promulgaron los recortes, afirmaron personas con conocimiento del asunto. Como resultado, el ritmo de las auditorías bancarias, la redacción de nuevas regulaciones y las aprobaciones de licencias se han ralentizado a medida que los trabajadores con menos experiencia asumieron los puestos, detallaron las personas, quienes pidieron no ser nombradas debido a la naturaleza delicada del asunto.
Oscar Castro
Los trabajadores se preparan para un mayor golpe de la prohibición de ‘puertas giratorias’. Varios empleados han redactado sus renuncias e incluso las llevan en sus bolsillos, listas para presentarlas tan pronto como se apruebe el proyecto de ley, pero antes de que pueda ser promulgada, dijeron las personas.
Otra ola de renuncias podría erosionar la capacidad de la CNBV para garantizar la estabilidad del sistema bancario, así como evitar fraudes, ataques cibernéticos y esquemas de lavado de dinero, añadieron. También podría retrasar la innovación tecnológica en el organismo, luego de que el país vio una ola de ciberataques el año pasado.
“Inmoral y una vergüenza”
Para López Obrador, la ley de ‘puertas giratorias’ es un componente clave de una promesa de poner fin a colaboraciones acogedoras entre funcionarios públicos y actores privados. Señaló a los tecnócratas que ayudaron a dirigir la política fiscal y monetaria de México como aliados corruptos de los capitalistas compinches, y mencionó repetidamente ejemplos de funcionarios de alto nivel que toman puestos de trabajo en el sector privado.
Los exempleados del gobierno que ocupaban altos cargos supervisando bancos y otras instituciones financieras fueron criticados después de tomar trabajos en los mismos lugares que solían regular.
José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y quien supervisó a la CNBV, ahora es miembro de la junta de consejo de HSBC. Meade estaba a cargo de la CNBV cuando multó a ese banco por 27.5 millones de dólares por controles débiles de lavado de dinero, que los funcionarios en ese momento aclamaron como una de las sanciones más grandes hasta el momento en el país por irregularidades financieras. No obstante, la multa palideció en comparación con un acuerdo récord de 1.9 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
Jaime González Aguadé, exdirector de la CBNV, ocupó un puesto en Caja Libertad, un pequeño otorgante de crédito, menos de dos años después de dejar el sector público. Renunció en julio luego de que el presidente de la junta de Caja Libertad, Juan Collado, abogado vinculado a Peña Nieto, fue arrestado por cargos de lavado de dinero.
La prohibición de 10 años en México sería la ley más estricta hasta ahora, aunque “ciertamente no es demasiado dura”, señaló Craig Holman, un experto legislativo en Public Citizen con sede en Washington, que promueve medidas más estrictas en la materia.
“La ‘puerta giratoria’ es uno de los esquemas de tráfico de influencias más perniciosos que afecta a los gobiernos en todas partes”, mencionó Holman. La perspectiva de un trabajo de servicio postpúblico “es una herramienta extremadamente poderosa para influir en las acciones oficiales de un regulador”.
“Después de diez años, las conexiones internas se desvanecerían lo suficiente como para poder levantar la prohibición. Pero diez años me parecen ideales”, afirmó el especialista.
La diputada panista Patricia Terrazas, presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público en el Congreso federal, dijo que puede pasar un éxodo de otras instituciones también, desde el banco central a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Hay muchas instituciones que tienen esa especialidad”, dijo”. Los talentos buenos se los llevan a una empresa o la iniciativa privada o hasta el extranjero porque es un talento preparado”.
Terrazas comentó que ella esperaba que los legisladores de Morena aprobaran la ley en cuestión sin más cambios.
Aun así, hay lagunas en el proyecto de ley, que no prohíbe explícitamente a los exreguladores trabajar en empresas de consultoría privadas o presionar al gobierno desde esas trincheras. El último borrador del proyecto está dirigido a directores generales y superiores, lo que equivaldría a más de 50 funcionarios en la CNBV.
‘Demasiado duro’
La CNBV es apenas un regulador modelo. Tiene una mala reputación por su actuar en casos de manipulación del mercado y conflictos de intereses. Sin embargo, ha sido aclamado por su compromiso de implementar las últimas tendencias en regulaciones financieras. Los organismos internacionales han mantenido las reglas de lavado de dinero del país y una ley de tecnología financiera como ejemplos para otros mercados emergentes.
El organismo se encuentra en dos de las cuatro torres administradas por la Secretaría de Hacienda y que brotan de un centro comercial en el sur de la capital. Desde el año pasado, las cenas en las mesas de Chili’s y los almuerzos en el centro comercial, o en las elegantes cantinas en los vecindarios circundantes, han estado llenas de discusiones sobre cuándo dejar el barco, dijeron las personas con conocimiento del asunto. La discusión alcanzó su clímax mientras los legisladores debatían el proyecto de ley a principios de julio, dijeron.
Este verano, el gobierno cortejó a un candidato para un puesto clave en la supervisión de nuevas regulaciones en la CNBV, quien desconocía el alcance de la prohibición por venir. Los empleados del área incluso llegaron a ser informados del arribo de su nuevo jefe, sin embargo, el candidato retiró su interés de la oferta una vez que fue informado de la factura que habría de pagar si tomaba el cargo.
Nalleli Arias, exsubdirectora de prevención de lavado de dinero en la CNBV, sabe una o dos cosas sobre caminar por la oficina con una carta de renuncia lista en su escritorio. Dejó su trabajo hace poco más de un año, incluso antes de que López Obrador ganara las elecciones. Para entonces, los rumores decían que su nuevo gobierno federal no le permitiría trabajar como consultora privada, por lo que preparó su carta y tan pronto como tuvo la oportunidad, renunció al gobierno tras una década de servicio público.
“Ya estaba pensando en dejar la CNBV, pero la amenaza de restricción de 10 años fue el impulso que necesitaba para dar el salto”, aseguró. “Entiendo que quieren evitar delitos, pero 10 años es demasiado duro”.
Arias ahora es directora gerente de una firma de abogados privada que asesora a empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención de lavado de dinero. Ella y su equipo de abogados jóvenes están certificados por la CNBV, y algunos solían trabajar en el sector público.
“Escuché que algunos excolegas que todavía trabajan allí esperan la oportunidad adecuada para saltar del bote”, agregó. “Todos ellos son gente realmente talentosa”.
Estabilidad bancaria
Perder personal clave podría llegar en un momento precario. El próximo año, México enfrenta una evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la estabilidad de su sistema bancario. Si al país le va mal, podría profundizar las preocupaciones de los inversores sobre la salud de los bancos y aumentar el costo de endeudamiento, dijo un exfuncionario.
Después de liderar la adopción de medidas de liquidez más estrictas en virtud del acuerdo de Basilea III, la CNBV ahora está rezagada en la redacción de las leyes recomendadas por el Banco de Pagos Internacionales. Más renuncias podrían empujar a México aún más atrás que otros países y aumentar la percepción del riesgo asociado con sus instituciones financieras.
La fuga de cerebros también podría detener la aprobación de nuevas compañías y regulaciones Fintech para promover la innovación financiera.
Los funcionarios, asimismo, están en el proceso de implementar una nueva plataforma respaldada por inteligencia artificial para monitorear las deficiencias en los protocolos de lavado de dinero. Un éxodo de altos funcionarios podría sabotear su despliegue.
Iván Alemán, quien era vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos durante los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto y ahora tiene su propia consultora, comentó que él no ha notado una baja sensible en los trabajos de la CNBV todavía. Pero, señaló que va a ser clave ver las cifras sobre el número de visitas de inspección que han montado ese año. Añadió que hay una fuerte cultura de cumplimiento en muchas instituciones financieras, pero en otras no.
“Al momento en que las entidades financieras perciben que la supervisión vía inspección ha tenido un relajamiento, pues en esa medida ellos también relajan sus controles”, dijo Alemán. “Al momento que vean este relajamiento, probablemente los procesos de instituciones se relajan a su interior y esto, el día de mañana, nos pueden llevar a cabo algunos problemas de cumplimiento regulatorio y operacional, en el extremo de los casos, que afectan a los usuarios del sistema financiero”.
Mientras tanto, el éxodo de la CNBV también ha permitido que algunos funcionarios públicos que llevaban toda una vida en el organismo asciendan a rangos más altos y están realmente contentos por la oportunidad, incluso si ganan menos que sus predecesores.
A medida que la economía se debilita, los servidores públicos dijeron que existe la preocupación de que no haya suficientes empleos en el sector privado para absorber más renuncias.
“El mercado no está abierto para todos, la ley de oferta y demanda”, dijo Alemán. “Al final del día, si hay mucha salida de servidores públicos, vamos a ver si tienen cabida en el sector privado o no. No están obligados a tener cabida y no está asociado a los deseos”.
Si bien eliminar la corrupción es clave, establecer controles efectivos sería mejor que imponer prohibiciones generales, aseveró Jacobo García Villarreal, experto en integridad pública y adquisiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Las fuentes de posibles conflictos de intereses deben estar bien reguladas”, dijo García Villarreal. “Pero es importante que haya un equilibrio entre restricciones razonables y las posibilidades laborales de los servidores públicos”. 
“Los talentos buenos se los llevan a una empresa o hasta el extranjero porque es un talento preparado”“Si hay mucha salida de servidores públicos, vamos a ver si tienen cabida en sector privado”
El escepticismo de los inversores y las dudas sobre su modelo de negocio han llevado a la start up a recortar su valoración, que en su última ronda ascendía a 47,000 millones, a menos de la mitad.
Diario Expansión / España 05 de septiembre de 2019, 11:41
We Company, la empresa matriz de WeWork, considera situar su valoración en el rango de los 20,000 millones de dólares, potencialmente en la franja más baja, según personas cercanas a la empresa. Lo que supone recortar en más de 20,000 millones la valoración de 41,000 millones obtenida por la compañía en su última recaudación de fondos el pasado mes de noviembre. Esto sitúa a WeWork como la segunda no cotizada más valiosa del mundo, sólo por detrás de la china Didi Chuxing.
La compañía todavía debate las condiciones para la venta de sus acciones y el valor puede cambiar según la demanda de los inversores, explican las mismas fuentes. De hecho, Adam Neumann, el cofundador y consejero delegado de WeWork, viajó la semana pasada a Tokio para reunirse con el CEO de SoftBank, Masayoshi Son, uno de los mayores inversores de la firma. Entre los asuntos que trataron, asegura el diario, estaba una nueva ampliación de capital que retrasaría la OPV (Oferta Pública de Venta) de WeWork al menos hasta 2020.
Desde que publicaran a mediados de agosto la documentación para salir a Bolsa, los inversores se han mostrado escépticos sobre las altas valoraciones de la start up y han cuestionado su modelo de negocio y las fuertes pérdidas cosechadas por la empresa. En los primeros seis meses del año, WeWork generó unos ingresos de 1,540 millones de dólares y unas pérdidas netas de 689.7 millones de dólares. Entre 2016 y 2018, esos números rojos ascendieron a más de 1,610 millones de dólares.
Según explicó The Journal, esa dura recepción fue una sorprendente llamada de atención para los ejecutivos de WeWork, motivo por el cual decidieron recaudar dinero a un precio mucho más bajo de lo esperado inicialmente.
Un gigante de alquiler
Fundada por, Adam Neumann y Miguel McKelvey hace nueve años, WeWork ha logrado dar una vuelta de tuerca a un negocio muy tradicional como el arrendamiento de espacios de trabajo. Lo que la start up hace es alquilar edificios, rehabilitarlos y convertirlos en espacios de trabajo y oficinas compartidas, que subarrienda a empresas y emprendedores.
Actualmente, la compañía cuanta con 528 centros (de los que cinco están en Madrid y tres en Barcelona) repartidos en 111 ciudades de todo el mundo. Además, cuenta con 527,000 miembros registrados superando a IWG PLC como la empresa de oficinas flexibles más grande del mundo.
Pero el negocio de WeWork va mucho más allá del alquiler de oficinas. Sus fundadores dibujan un futuro sin propiedades en el que los nómadas digitales, que sólo necesitan un portátil para trabajar, puedan alquilarlo todo: oficinas, apartamentos (WeLive), suscripciones a gimnasios (Rise) y hasta han lanzado un negocio de guarderías, WeGrow.
Como casi todos los nuevos gigantes digitales, la firma cuenta con tantos fieles como enemigos. Más allá de los números, sus críticos a menudo atacan a WeWork asegurando que no se trata de una empresa tecnológica. No han lanzado una potente red social ni cuentan con una rentable plataforma de ventas a través de Internet, su negocio se basa en la intermediación inmobiliaria, arrendando espacios a propietarios aquí y allá y los alquila a inquilinos. Además, su éxito ha atraído a otros rivales a este nuevo negocio lo que podría limitar su crecimiento en el futuro.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó por primera vez un intercambio histórico entre Bonos M y Udibonos por 70,350 millones de pesos.
Redacción 04 de septiembre de 2019, 23:05
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó por primera vez un intercambio histórico entre Bonos M y Udibonos por 70,350 millones de pesos. Con dicha permuta, el pago de deuda que tenía vencimiento entre el 2019, el 2020 y el 2021 se aplazará al 2022 y el 2050.
Este refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado, indicó la dependencia en un comunicado.
Aclaró que lo anterior no significó nueva deuda, sino una operación que permitió mejorar el perfil de vencimiento e incrementar la liquidez del mercado de deuda local.
“Este tipo de transacciones innovadoras permite la diversificación en los portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros. Además, flexibilizan y dinamizan el mercado de deuda en México”, expone.
La Secretaría de Hacienda detalló que dicha permuta consistió en dos transacciones. Primero, se realizó una subasta de recompra de valores gubernamentales.
“Se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre el 2019 y el 2021 por 70,350 millones de pesos. La transacción tuvo una participación tanto de inversionistas nacionales como extranjeros”.
Segundo, se realizó una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 67,682 millones de pesos a tasas de interés de mercado con vencimientos entre el 2022 y el 2050.
La dependencia destacó que la demanda total de esta colocación fue de 104,075 millones de pesos.
A finales de junio de este año, el gobierno federal también realizó una reestructura de deuda local para aplazar el pago de deuda con vencimientos entre el 2019 y el 2021 y pasarlas al 2024 y el 2047.
El optimisto de los consumidores mexicanos se recuperó moderadamente con un crecimiento de 0.3 puntos, después de cinco caídas consecutivas en los meses previos.
Durante el octavo mes del 2019 el nivel de confianza de los consumidores en México repuntó con un crecimiento mensual de 0.3 puntos, después de cinco meses al hilo presentando contracciones. El Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 43.4 puntos, este resultado continúa presionado especialmente por el nivel de confianza de los mexicanos en la situación económica actual y futura de sus hogares.
En su comparación anual la confianza de los consumidores también registró un avance modesto, con un crecimiento de 0.7 puntos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este resultado también implicó un repunte después de que el mes previo el crecimiento fuera de apenas 0.1 puntos.
Los rubros que más preocupan a los mexicanos son los que evalúan la situación actual de la economía nacional y de sus hogares. Durante agosto la confianza de los consumidores se ubicó en 40.3 y 47.8 en estos dos rubros respectivamente.
En cuanto al futuro son ligeramente más optimistas, la confianza de los consumidores en que la economía de Mexico mejorará dentro de un año se ubicó en un umbral de 48.5 puntos. Por su parte, su confianza en una mejor situación económica dentro de sus hogares alcanzó un nivel de 55.5 puntos.
Ven difícil poder realizar compras
Los consumidores mexicanos no ven dentro de sus posibilidades la oportunidad de poder realizar compras de electrodomésticos, muebles o enseres del hogar. El nivel de confianza en este componente se ubicó en 24.3 puntos, muy por debajo del umbral de los 50 puntos.
Los mexicanos también mostraron baja confianza en que su situación económica les permita comprar una casa o hacer remodelaciones en la que ya viven, al menos durante los próximos dos años. El nivel de confianza se ubicó en 15.8 puntos en este rubro.
Durante el octavo mes del año, el rubro peor calificado fue el que evalúa la posibilidad que los hogares adquieran un automóvil, nuevo o usado, al menos en los próximos dos años. El nivel de confianza en este componente ascendió apenas a 11.4 puntos.
Repunta el optimismo para ahorrar
Durante el octavo mes del año la confianza de los mexicanos repuntó en el rubro que contempla la posibilidad de ahorrar. Los hogares registraron un incremento de 1.9 puntos en su umbral de confianza en poder ahorrar alguna parte sus ingresos, pasando de un nivel de 29.6 en julio a 31.5 puntos en agosto.
Por su parte, el componente que contempla las posibilidades de viajar recuperó confianza de manera modesta. El nivel de confianza en tener posibilidades económicas para salir de vacaciones en los próximos 12 meses incrementó 0.4 puntos, pasando de 29.5 a 29.9 puntos.
Expectativas acerca de la economía permanecen casi iguales
La confianza de los consumidores respecto de la situación macroeconómica de México se mantuvieron casi en los mismos niveles en agosto en comparación con el mes previo.
El rubro en el que presentan mayor confianza es en el que contempla la situación de empleo en el país, este se ubicó en un umbral de 44.5 puntos de 50. En comparación mensual sólo aumentó 0.1 puntos.
Los consumidores se mostraron significativamente menos optimistas respecto de la estabilidad de precios. Su confianza en este rubro se ubicó en 22.6 puntos del umbral de 50, situación que implicó un crecimiento de 0.3 puntos respecto del mes previo
México ha contratado en los últimos años coberturas por alrededor de 1,000 mdd anuales para proteger sus ingresos petroleros.
Foto: Reuters
Reuters.- El gobierno de México ha dado los primeros pasos para contratar su programa anual de coberturas petroleras pidiendo cotizaciones a bancos, dijeron fuentes familiarizadas con el acuerdo, mientras que la negociación de opciones de crudo para 2020 ha aumentado en los últimos días.
Una fuente de Wall Street y otra del Congreso mexicano familiarizada con el programa, que declinaron a ser identificados debido a la sensibilidad del tema, dijeron a Reuters el miércoles que los bancos habían presentado ofertas para la cobertura a solicitud del gobierno del país.
México ha contratado en los últimos años coberturas petroleras por alrededor de 1,000 millones de dólares anuales para proteger sus ingresos de la volatilidad de los precios del crudo.
La compra de opciones para 2020 de crudo West Texas Intermediate y Brent ha aumentado en los últimos días, dijeron dos fuentes del mercado familiarizadas con la cobertura de México. La secretaría de Hacienda no respondió a una solicitud de comentarios.
Para 2020, la petrolera estatal enfrenta déficit de efectivo y pago de pensiones, vencimientos de deuda, además de inversión adicional para restituir reservas petroleras.
Petróleos Mexicanos (Pemex) necesitará apoyo adicional del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por 16,700 millones de dólares (mdd) durante 2020, estimó Moody’s.
Para empezar, la compañía estatal tendrá un déficit de efectivo por 9,100 mdd el próximo año. La administración morenista se comprometió a inyectarle capital por 3,300 mdd, así como la emisión pagarés de pensiones por 2,500 mdd.
Aunque con este apoyo el déficit y pago de pensiones estimado se reduce a 3,300 mdd, Moody’s recordó que los vencimientos de deuda de Pemex se estiman en 7,700 mdd, además de la inversión adicional que necesitará para restituir reservas petroleras por 5,800 mdd en 2020.
“En 2020, el gobierno ya tiene un plan, que fue presentado el mes pasado, aportando algunos detalles sobre reducciones fiscales, inyecciones de capital. Aunque el apoyo adicional para cubrir el flujo negativo es menor, de 3,000 y 4,000 mdd, aún enfrenta los vencimientos de deuda”, declaró Peter Speer, analista de Pemex para la calificadora en conferencia de prensa.
Sus comentarios se producen después de que el pasado 6 de junio de este año, la calificadora de riesgo crediticio degradó la perspectiva a negativa desde estable de la compañía Aa3.mx y Baa3 en escala nacional y global, respectivamente.
El analista recordó que tan solo para 2019, Pemex enfrenta necesidades adicionales de efectivo por 20,000 mdd. El gobierno ha inyectado capital para que la compañía pague deuda, pero aún falta cubrir su déficit, además de los vencimientos de deuda y el reemplazo de reservas para que se mantengan estables.
“Tienen que destinar más capital”, agregó.
Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Sus pasivos financieros ascienden a 104,o00 mdd. Su director, Octavio Romero Oropeza, ha apostado por 20 campos prioritarios para elevar la producción petrolera de 1.6 millones de barriles diarios actualmente a 2.4 millones al final del sexenio de López Obrador.
Finanzas Públicas 2019B 