Hacienda analiza 10.867 filiales extranjeras de 134 grupos que facturan más de 750 millones al año y establece que tributaron 11.594 millones en todo el mundo en 2016
Las multinacionales españolas pagan un tipo efectivo del 12,6% sobre su beneficio en impuestos en todo el mundo, según ha avanzado este martes el Ministerio de Hacienda. La cifra supone la mitad del tipo nominal del 25% que establece en general el Impuesto de Sociedades en España para todo tipo de empresas excepto para bancos y petroleras, sujetos a un tipo del 30%. El tipo medio real abonado en España es del 21,6% para la empresa media y del 19,6% en los grandes grupos.
Hacienda ha basado su análisis en el estudio del modelo 231 de declaración país por país, poniendo el foco en los 134 grupos que facturan más de 750 millones al año, que cuentan con 16.160 filiales, 10.967 de ellas en el extranjero.
Como resultado, el Ministerio ha identificado que estas firmas facturaron 934.408 millones, obtuvieron 91.849 millones de beneficios netos y tributaron 11.594 millones en todo el mundo. La cifra supone el 12,6% de sus ganancias totales en términos de caja y el 15,5% en devengo.
Por tramos, Hacienda detalla que hay 27 firmas que tributaron a un tipo inferior al 5%, abonando solo 65 millones de euros por sus 25.325 millones de beneficios. A partir de ahí, las 16 compañías que tributaron entre el 5% y el 10% pagaron 1.149 millones impuestos; las 22 que pagaron del 10% al 15%, abonaron 1.834 millones; las 21 de entre el 15% y el 20%, pagaron 1.827 millones; las 11 entre el 20% y el 25%, 996 millones; y las 37 con tributación superior al 25%, pagaron 5.723 millones.
El nuevo avance en la guerra comercial provoca tímidas alzas en los mercados
Los máximos históricos que hoy revalida Wall Street con tímidas alzas han bastado para animar a las Bolsas europeas al final de una sesión en la que cotizaron con leves caídas la mayor parte del tiempo. De esta forma, los mercados han recibido con frialdad las noticias sobre los avances comerciales entre China y Estados Unidos.
Hoy, China ha emitido un comunicado afirmando que el acuerdo parcial está cada vez más cerca. Los negociadores de ambos bandos han mantenido una conferencia telefónica que según las autoridades del gigante asiático ha servido para «alcanzar acuerdos a la hora de resolver adecuadamente asuntos relevantes».
El comunicado no arroja demasiados detalles. A falta de fijar una fecha y un lugar para la firma de la primera fase del acuerdo, cada vez falta menos para el 15 de diciembre, fecha en la que si nada cambia, entrará en vigor una nueva subida de aranceles sobre productos chinos que Pekín trata de evitar a toda costa. Con todo, el Ibex ha cerrado con un alza del 0,05% que lo ha dejado en los 9.324,8 puntos.
Dentro del selectivo, los mayores avances han sido para MásMóvil, Aena y Cellnex mientras que a la cola se han situado Telefónica, Santander y Ence. Fuera del Ibex pero todavía en los mercados españoles, el grupo de supermercados Dia se ha hundido hoy un 15,18% tras varias jornadas consecutivas de fuertes revalorizaciones y a falta de cuatro sesiones para que empiecen a cotizar las más de 6.000 millones de nuevas acciones de la ampliación de capital.
El Gobierno de López Obrador y los empresarios invertirán 42.000 millones de dólares en los próximos cinco años
La construcción de infraestructura en México para dar un empujón al crecimiento económico comenzará en breve. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este martes un Plan Nacional de Infraestructura de 42.000 millones de dólares para los próximos cinco años de su Gobierno, en el que la participación de la iniciativa privada será primordial. El programa contempla 147 proyectos en obras de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones. En las últimas semanas, la Administración ha evaluado los proyectos para dar prioridad a aquellos que puedan comenzar tan pronto como el próximo mes, ante la urgencia de levantar las perspectivas de crecimiento del país latinoamericano.
El Plan Nacional de Infraestructuras había elevado en los últimos meses las expectativas sobre las intenciones del Gobierno de López Obrador para echar a andar a un sector de vital importancia para el crecimiento económico del país. La sensación de premura aumentó tras conocerse que el sector de la construcción en México cayó un 10,2% en el último año, el descenso más profundo desde 2013. Además, el estancamiento de la economía en los últimos nueve meses y los síntomas de una recesión, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), también han empujado al Gobierno mexicano a acelerar las inversiones. Este gran plan junto con el arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) —todavía pendiente de la aprobación del Congreso de Estados Unidos— son las dos bazas de la Administración de López Obrador para activar la economía.
El anuncio también marca un cierre de filas entre el presidente mexicano y el sector privado de la construcción que se vio trastocado por la cancelación del aeropuerto de Ciudad de México, hace un año, cuando la obra ya estaba avanzada un 30%. López Obrador ha reunido en su conferencia matutina a un centenar de empresarios para mostrar su disposición para encargarles los proyectos de obra pública de su Gobierno. “Esta es una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social, que los empresarios de México no solo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino que están preocupados por el desarrollo del país”, dijo el presidente.
Crece la presión para que Berlín se libere del dogma del déficit cero y estimule su alicaída economía desde los presupuestos
El debate es intenso fuera, pero también dentro de Alemania. La economía alemana ha dejado de ser lo que era tras diez años de crecimiento prácticamente ininterrumpido. Alemania bordea ahora la recesión y las voces que piden aflojar el rigor presupuestario e invertir en un país con serias carencias en infraestructuras y tecnología, en un contexto de tipos bajos, se escuchan cada vez con más fuerza.
Pero el Ejecutivo alemán no cede. Poco importa que desde 2014 Alemania cuente con superávit presupuestario. El déficit cero, el célebre Schwarze Null,se ha convertido casi en un dogma de fe para muchos políticos alemanes y en un signo de identidad para los conservadores, socio mayoritario en la gran coalición de gobierno. Berlín insiste que si hace falta desplegar un plan de estímulos, se hará, pero considera que ese momento la crisis no ha llegado. Defiende también esta posición el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz.
Los presupuestos de 2020 negociados la semana pasada en la comisión del Parlamento y que aún deben pasar por el pleno del Bundestag contemplan un incremento del 0,1%, pero evitan de nuevo el déficit. El presupuesto federal volverá a mostrar un superávit considerable en 2019, que según adelantaba Der Spiegel ascenderá a 10.000 millones de euros gracias a mayores ingresos fiscales de lo previsto y a los bajos intereses, según los cálculos preliminares.
La compañía automovilística afirma que el proceso se hará sin despidos, mediante la no reposición de bajas por jubilación
La compañía automovilística Audi, perteneciente al Grupo Volkswagen, ha anunciado este martes que recortará su plantilla en 9.500 trabajadores de aquí a 2025, en una reestructuración para adaptar la producción a los retos de la movilidad eléctrica, según un comunicado de la empresa. Esta espera conseguir un ahorro de 6.000 millones de euros. El recorte ha sido pactado con el comité de empresa, que cuenta en la actualidad con 91.000 trabajadores. El objetivo se alcanzará principalmente con el no remplazo de las personas que se jubilen y sin despidos, según ha indicado la empresa. Los ahorros conseguidos, alega, permitirán «aumentar la competitividad» en el marco de la «transformación de la industria automotriz hacia la movilidad eléctrica».
Según informa la compañía en un comunicado, un porcentaje de dicha reducción de plantilla se llevará a cabo en el área de administración. No obstante, Audi planea crear hasta 2.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con la movilidad eléctrica y la digitalización, y asegura que tiene garantizado el empleo hasta 2029.
Los ahorros resultantes, de alrededor de 6.000 millones de euros, asegurarán un margen de beneficio operativo de entre un 9% y un 11%, y se invertirán en proyectos de futuro, como la electrificación y la digitalización, subraya la empresa.
Estas medidas se enmarcan en un nuevo acuerdo alcanzado entre la compañía y el comité de empresa, mediante el cual se optimizarán los procesos de producción en las factorías alemanas de la marca en Ingolstadt y Neckarsulm, con 450.000 y 225.000 vehículos al año, respectivamente, informa la agencia Europa Press.
«La extensión de la garantía de empleo es un gran éxito en tiempos difíciles. Además, la próxima electrificación de las plantas de Ingolstadt y Neckarsulm subraya el éxito a largo plazo de ambas instalaciones», señala el presidente de comité de empresa de Audi, Peter Mosch.
Además, la marca de los cuatro aros afirma que, si el beneficio operativo del grupo Audi en 2019 es «significativamente mayor» que en años anteriores, se llevarán a cabo negociaciones sobre un posible incremento del bonus que reciben los empleados. La compañía también mejorará su plan de pensiones a partir de 2021, con provisiones de hasta 50 millones de euros anuales.
Las políticas monetarias ya no dan más de sí y el BCE ruega a los Gobiernos que cojan el testigo a través de una mayor inversión
El Banco Central Europeo (BCE) ha disparado con toda su artillería para intentar reactivar la economía: más de 2,6 billones de euros de deuda comprada, tipos negativos que obligan a pagar por prestar y la promesa de que seguirán así tiempo. Y ni por esas. La política monetaria no consigue hacer despegar con fuerza el crecimiento. Conscientes de esta realidad, expertos e instituciones reclaman que la política fiscal sea más expansiva y tome el testigo de los bancos centrales a la hora de estabilizar la actividad. Una década después, los estímulos presupuestarios vuelven a ocupar el debate económico.
Y ello a pesar de que no es la primera vez en los últimos años. Como decía Marshall McLuhan, solo los perdedores recuerdan la historia: en abril de 2009 en Londres, el G20 se enfrenta a la mayor crisis desde la Gran Depresión. Liderados por Barack Obama y el FMI, los principales países animan a los Gobiernos a responder con más gasto público. «Estamos en medio de un estímulo fiscal sin precedentes», dijo el entonces premier británico Gordon Brown. China emprende un impulso descomunal.
En junio de 2010 en Toronto, el mismo G20 acordaba «una consolidación fiscal ajustada a las circunstancias nacionales». El texto recogía el compromiso de los países desarrollados de reducir el déficit. Algunos se habían entregado con armas y bagaje a los estímulos fiscales y en respuesta estaban siendo castigados por los mercados. El descontrol de Grecia había puesto a todos en el disparadero. España era uno de ellos.
El propio Obama había llamado en mayo de 2010 al presidente Zapatero para que tomase medidas. Los mismos que pedían los estímulos daban un paso atrás y exigían un año después recortes a países como España. En esos momentos se publica Esta vez es diferente, el libro de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart en el que se sostiene que la deuda pública elevada lastra la actividad, aunque luego se cuestionasen sus cálculos del umbral a partir del cual empieza a notarse.
Un año más tarde, justo cuando ya se hablaba de brotes verdes, a las instituciones internacionales les entra el miedo en el cuerpo al divisar problemas de endeudamiento en varios países. El FMI publica un estudio en el que afirma que el aumento de la deuda pública acaba dañando el crecimiento. En una reunión de ministros de Finanzas europeos celebrada en abril de 2010 en Madrid, Alberto Alesina, el académico de Harvard calificado por Bloomberg como el Keynes de esta crisis, presenta evidencias de la llamada austeridad expansiva: los recortes presupuestarios terminan generando crecimiento, sobre todo si van acompañados de reformas, dice. El entonces jefe del BCE, Jean-Claude Trichet, y el comisario europeo de Finanzas, Olli Rehn, compran este discurso.
-ATA y UPTA, que reunen al 75% del colectivo rechazan la propuesta de UATAE de someter a votación la representatividad del colectivo y defienden el sistema actual
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), vinculada al sindicato Comisiones Obreras (CC OO), ha reavivado hoy una vieja polémica entre las asociaciones de ocupados por cuenta propia, al cuestionar el actual método que se usa para determinar a sus representantes.
Esta es la batalla planteada hoy por Uatae –que representa al 16,5% del colectivo–, que persigue que los representantes de los autónomos se elijan en las urnas, como hacen los sindicatos y no con el sistema vigente en la ley, según el cual el Ministerio de Trabajo otorga esta representatividad por criterios de implantación (número de trabajadores y sedes y afiliación).
Para reivindicar la elección por votación de los representantes de los autónomos, Uatae presentó ayer un estudio en el que sus autores, Pablo Pérez Tremps y Ana María Ovejero, reivindican que “los trabajadores autónomos, afiliados o no, como sujetos de derechos fundamentales, deben recuperar su soberanía y capacidad de decisión, dotando de legitimidad la elección de las asociaciones que vayan a representarles”.
El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha respaldado esta propuesta con su presencia en el acto organizado por Uatae, señalando que “si las organizaciones de autónomos están llamadas a intervenir en espacios de representación es evidente que no podemos mantener un sistema de representación otorgado en base a muy pocos fundamentos”.
Sin embargo, estos criterios que sigue Trabajo para otorgar la representatividad a las asociaciones de autónomos, están incluidos en el artículo 21 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que fue reformado y aprobado por unanimidad del Congreso y el Senado en 2017. Así lo recordaban ayer las dos asociaciones mayoritarias de autónomos, según el método actual, ATA y UPTA (vinculada a la UGT).
Un sello para garantizar que la hipoteca que se está a punto de firmar cumple con todos los criterios internacionales que definen un producto financiero verde. Esta es la iniciativa en la que está trabajando la Federación Hipotecaria Europea (EMF, por sus siglas en inglés), un organismo cuyos miembros detienen el 80% del volumen de este tipo de préstamos concedido en el Viejo Continente. Pensado para reunir y presentar de forma unívoca la información estadística y cuantitativa de las hipotecas verdes, este sello ayudará a impulsarlas, al reforzar uno de los pilares fundamentales para cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía: la financiación de viviendas respetuosas con el medio ambiente.
Altos costes para los bancos
La lucha contra el llamado greenwashing –o ecopostureo– será uno de los efectos añadidos del sello, cuya implementación está prevista para el próximo año. “Hay bancos que conceden préstamos que llaman verdes aunque luego el dinero se utilice para las vacaciones, sin ninguna comprobación, y esto nos hace daño a todas las entidades que lo hacemos bien”, denuncia Cátia Alves, responsable del proyecto de hipotecas y préstamos verdes de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).
“Incentivar en lugar de penalizar”
La gran barrera que hay que superar para lograr la plena implementación de una hipoteca verde con criterios uniformes es, en opinión de Alves, convencer a los distintos actores del mercado que, “pese a no ser rentable en el corto plazo, lo verde sí lo es a largo”. Y hace el ejemplo de los tasadores: “No te hacen un descuento en el segundo certificado de eficiencia energética si te comprometes a acometer una reforma”, constata. Por el contrario, “se trataría de invertir en captar clientes con este tipo de bonificaciones hasta alcanzar un volumen que permita buenos márgenes de rentabilidad”, remacha. Lo mismo debería ocurrir en todos los anillos de la cadena.
Para reforzar este argumento y demostrar que la demanda de productos verdes es real, UCI elaboró un informe del que se desprende que el 76% de los españoles están concienciados hacia las cuestiones relacionadas con la eficiencia energética.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a un año de haber alcanzado la Presidencia de México, anuncia un plan de 1,700 proyectos de infraestructura por un valor de 859,022 millones de pesos o 43,000 millones de dólares, de los que 147 son esenciales para impulsar la economía en momentos en que ésta vivió una fase de “recesión técnica”.
Jorge Monroy26 de noviembre de 2019, 07:33
Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana el Plan Nacional de Infraestructura, con el objetivo de impulsar la economía de México que prácticamente se mantuvo paralizada en el tercer trimestre de 2019.
En Palacio Nacional, el presidente afirmó que en casi todos los países es mayor la inversión privada que la pública e indicó que en México, la iniciativa privada (IP) aporta casi el 80% de la inversión. Destacó además que la inversión pública es importante pero sólo como capital semilla para detonar el crecimiento.
El jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador del Consejo Asesor Empresarial, Alfonso Romo, indicó que el Plan Nacional de Infraestructura es una herramienta para facilitar y acelerar la implementación de proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.
Plan Nacional de Infraestructura: proyectos
Indicó que se trata de 147 proyectos iniciales, de un universo de 1,700 proyectos que representan una inversión de 42,951 millones de dólares u 859,022 millones de pesos. Aseguró que un primer paquete de obras aumentará el empleo y dará beneficios a quienes no ha llegado la derrama económica.
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que se trata proyectos iniciales de:
infraestructura en carreteras y puentes
telecomunicaciones
transporte
energía
turismo
aeropuertos
agua y saneamiento
trenes.
Mencionó que los proyectos posteriores se irán discutiendo en el Mecanismo de Implementación y ahí se analizarán y, en su caso, se eliminarán trabas para agilizar la inversión. Mencionó que los primeros proyectos del Plan Nacional de Infraestructura iniciarán en 2020 y hasta 2024. Mencionó que estos proyectos serán financiados únicamente con inversión privada.
El dirigente empresarial detalló que de los 147 proyectos, 45 serán para la zona centro del país, 49 para el norte y 42 para el sur. Para el año 2020 se ejecutarán 72; mientras que para 2021-2022 se harán 41 más y para 2023-2024 serán 34 proyectos.
Luis Niño, líder de los banqueros mexicanos, dijo quela banca tiene una liquidez de 800,000 millones de pesos invertidos para infraestructura, lo que garantiza el financiamiento para los proyectos. Añadió que recursos suficientes hay para ahora y el futuro.
Antonio Del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, planteó que este primer paquete de obras de infraestructura debe servir de base para más adelante detonar más proyectos e inversiones.
“Este anuncio es sólo el comienzo”, indicó.
Aseveró que las bajas tasas de interés y la desaceleración económica en países en desarrollo hacen que México sea un país atractivo para la inversión segura.
El presidente López Obrador agradeció a los empresarios que tienen dimensión social y no sólo se preocupan por las ganancias, sino también del desarrollo social.
López Obrador dijo que su gobierno no tiene ningún problema con el sector empresarial, y al contrario, trata de tener buenas relaciones.
Resaltó que Carlos Salazar le ha ayudado para solventar diferencias del gobierno con los empresarios, por ejemplo, en el caso de la renegociación de los contratos de gasoductos.
El Inegi revisó las cifras de producción nacional durante el tercer trimestre del 2019 y confirmó una caída anual de la economía y un avance nulo respecto del trimestre previo.
El Insitituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revisó las cifras de producción nacional durante el tercer trimestre del 2019 que confirman una contracción del PIB en comparación con el año pasado y un avance nulo de la economía respecto del trimestre previo.
Durante julio, agosto y septiembre la economía mexicana registró una contracción de 0.2% en su comparación anual, resultado que significó la primera cifra negativa del PIB desde la crisis del 2009, de acuerdo con información del Sistema de Cuentas Nacionales del Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística).
Esta caída del PIB mexicano durante julio-septiembre fue menos pronunciada que la cifra oportuna publicada el pasado 30 de octubre, que proyectaba una caída de 0.4 por ciento.
Por su parte, en el análisis inmediato de la economía nacional también se registraron ligeras modificaciones por parte del Inegi. En la información publicada previamente se presentó un crecimiento modesto de 0.1% del segundo al tercer trimestre del año, mientras que en las cifas ya revisadas el PIB nacional presentó una variación de 0 por ciento.
La pérdida de dinamismo económico se debe, en gran medida, a las caídas dentro del sector industrial adicional a un estancamiento dentro del comercio y los servicios. El sector agropecuario presentó crecimientos significativos pero insuficientes para impactar en total de la producción mexicana.
La produccióntotal nacional durante este lapso registró un valor de 18,552,130 millones de pesos a pr
a precios constantes. Participaron con cerca del 64% las actividades terciarias, con 29% las secundarias, 4% las actividades primarias, el resto se concentra en los impuestos netos a los productos.
Actividades agrícolas, creciendo
La agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la caza continúan con expansiones económicas. Durante el tercer trimestre dle 2019 en conjunto la producción total de estas actividades creció 5.4% en comparación con el mismo periodo del año previo.
En lo que va de ese año, estas actividades son las que muestran el mejor desempeño de todos los sectores económicos. En promedio de los primeros nueve meses del 2019 las actividades primarias han registrado una expansión de 2.2 por ciento.
Industria, perdiendo dinamismo
El segundo rubro más importante de la economía mexicana, y el motor en la región norte y el Bajío, continúa alcanzando los números rojos. Durante este tercer trimestre las industrias de la transformación registraron una contracción económica de 1.5% en comparación anual.
Al interior de las actividades industriales el sector que más perjudicado se encuentra es el de la construcción; en este lapso su producción cayó 6.6% a tasa anual. La minería cayó también con una producción 4.2% menor a la del año pasado.
industriales el sector que más perjudicado se encuentra es el de la construcción; en este lapso su producción cayó 6.6% a tasa anual. La minería cayó también con una producción 4.2% menor a la del año pasado.
Dando aire al sector industrial mexicano, la industria de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica y la industria manufacturera registraron expansiones económicas de 2.3 y 1.3% respectivamente.
Comercio y servicios, estancados
Los servicios y el comercio en México son las dos fuentes más importantes de producción económica. En el tercer trimestre del 2019 estas actividades registraron un crecimiento modesto de 0.1% a tasa anual.
Los avances casi nulos en términos de generación económica dentro de estas actividades se explican principalmente por la contracción de 3.6% presentada en el PIB del comercio mayorista.
Finanzas Públicas 2019B 